El 1 de julio entra en vigor un paquete de medidas en Suecia que reduce temporalmente la carga fiscal sobre los hogares, al tiempo que en Argentina se activan nuevos aumentos en servicios regulados y en Francia el precio de los carburantes cae por debajo de 1,90 euros por litro. Las tres dinámicas, aunque de signo opuesto, comparten un mismo calendario y reflejan cómo las economías domésticas quedan expuestas a decisiones de política interna y a los vaivenes de la geopolítica global.

En el caso sueco, la reforma más inmediata es una rebaja adicional del impuesto sobre los carburantes de 3 coronas por litro (IVA incluido) para gasolina y diésel, vigente entre julio y noviembre, que se suma a una reducción previa de 1 corona para la gasolina y 0,40 coronas para el diésel. La medida busca contener el coste del transporte en un contexto de precios energéticos aún elevados. De forma paralela, se flexibiliza el alquiler de viviendas en propiedad con una nueva ley de arrendamiento privado, se introduce un umbral exento de 10 000 coronas en el cálculo de la tarifa máxima de guardería y se reduce el IVA de las entradas a bailes populares del 25 % al 6 %, equiparándolo al de espectáculos culturales. Además, una ley de efectivo obliga a supermercados y farmacias a aceptar billetes y monedas, y los bancos deberán facilitar puntos de depósito de efectivo. En el ámbito comercial, desaparece la franquicia aduanera para compras extracomunitarias de hasta 150 euros y se impone una tasa de 3 euros por artículo, mientras se hace permanente la exención fiscal para la recarga de vehículos eléctricos en el lugar de trabajo.

En Argentina, el séptimo mes del año arranca con una ola de reajustes que impacta directamente en los presupuestos familiares. El transporte público en la provincia de Buenos Aires sube un 4,1 %: el boleto mínimo de colectivo pasa a 1.057,25 pesos y el subte porteño a 1.621 pesos con tarjeta SUBE registrada. Las cuotas de la medicina prepaga, ya desreguladas tras el acuerdo de mayo entre el Gobierno y las empresas, aumentan en torno al 2,9 %, por encima de la inflación de mayo (2,1 %). Los alquileres firmados bajo la Ley de Alquileres se ajustan un 31,54 % anual según el Índice de Contratos de Locación, mientras que las tarifas de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires suben un 1,5 % promedio, el gas un 2,81 % a escala nacional y el agua un 3 % en la capital y el conurbano. Los incrementos se anclan en mecanismos de indexación que combinan inflación pasada y, en algunos casos, puntos porcentuales adicionales, lo que genera un efecto acumulativo sobre el poder adquisitivo.

En contraste, los automovilistas franceses encuentran un alivio en los surtidores. El litro de gasóleo y de gasolina SP95-E10 se situó el sábado por debajo de 1,90 euros, y el SP98 perforó los 2 euros, niveles no vistos desde las primeras semanas del conflicto en Oriente Medio. La caída se explica por la reanudación del tráfico de petróleo en el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego y el acuerdo entre Estados Unidos e Irán anunciado a mediados de junio, que ha hecho retroceder el barril de Brent hasta los 72 dólares. No obstante, los precios siguen siendo un 10 % superiores a los registrados en vísperas de las hostilidades, y la volatilidad persiste: Teherán acusó a Washington de una “violación flagrante” del protocolo de paz tras nuevos bombardeos, lo que mantiene la prima de riesgo geopolítico.

El próximo hito a vigilar es la evolución de los índices de precios al consumo de junio en cada país, que determinará si las medidas de alivio compensan la presión inflacionaria subyacente o si, por el contrario, los ajustes tarifarios se traducen en una nueva aceleración de los precios.