Un juez federal en San Francisco, Casey Pitts, prohibió el martes al gobierno de Donald Trump realizar arrestos de inmigrantes en los tribunales migratorios de todo el país. El fallo, que extiende una restricción previa limitada a Nueva York, considera que la política adoptada al inicio del segundo mandato viola la Ley de Procedimiento Administrativo por ser “arbitraria y caprichosa” y carecer de una justificación razonada. Pitts subrayó el “efecto disuasorio” que la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene sobre la asistencia a las audiencias y reprochó que se mantuviera a detenidos en celdas cercanas más allá del límite de 12 horas.

La administración reaccionó con dureza. James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional, calificó la decisión de “activismo judicial descarado al servicio de una agenda antiestadounidense y de fronteras abiertas”. Desde la óptica del Ejecutivo, un extranjero con orden de deportación debería ser tratado como un condenado penal y puesto bajo custodia de inmediato. La práctica de detener a migrantes en los pasillos de los juzgados, a menudo tras la desestimación de sus casos por la propia fiscalía, se había convertido en un pilar de la ofensiva migratoria.

Ese mismo día, el Tribunal Supremo emitió un fallo que refuerza la capacidad del gobierno para deportar a residentes permanentes legales (titulares de la ‘green card’) sospechosos de delitos. En el caso Blanche v. Lau, la mayoría conservadora (6-3) determinó que los agentes fronterizos no necesitan probar con “pruebas claras y convincentes” la comisión de un delito para negar el reingreso al país; basta con que existan motivos para creerlo. La jueza progresista Ketanji Brown Jackson, en su voto disidente, advirtió que la decisión otorga al gobierno “un cheque en blanco” para despojar del estatus migratorio a personas que llevan años residiendo legalmente.

Ambas resoluciones ilustran un panorama judicial dividido frente a la política migratoria de Trump. Mientras tribunales de distrito frenan tácticas operativas como los arrestos en cortes, la máxima instancia judicial ha convalidado varias medidas de mano dura, incluyendo deportaciones exprés a terceros países y el uso de una ley del siglo XVIII para expulsar a venezolanos. Analistas en América Latina siguen con atención estos vaivenes, conscientes de que millones de sus ciudadanos residen en Estados Unidos. Se espera que el Departamento de Justicia apele la prohibición nacional, por lo que el litigio sobre los arrestos en tribunales está lejos de concluir.