El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ordenó este domingo a la judicatura del país iniciar acciones legales en tribunales nacionales e internacionales contra Estados Unidos e Israel por lo que calificó como crímenes de guerra cometidos durante los conflictos de 2025 y 2026. En un mensaje difundido con motivo de la Semana del Poder Judicial, que conmemora el asesinato del juez Mohammad Beheshti en 1981, Jamenei sostuvo que las declaraciones de dirigentes estadounidenses e israelíes en las que reconocen o se enorgullecen de ataques contra Irán constituyen una confesión de delito y allanan el camino para reivindicar los derechos violados de la nación iraní. Entre los hechos que, según Teherán, deben ser juzgados figuran el bombardeo contra la escuela primaria Shajareh Tayyebeh en Minab, ocurrido el 28 de febrero de 2026, que dejó más de un centenar de niños muertos, y la muerte del anterior líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, a quien su hijo y sucesor describió como “la joya única de nuestra era”.

De forma paralela, el presidente Masud Pezeshkian emitió otro mensaje en la misma jornada en el que puso el acento en la justicia interna, al afirmar que la realización de la equidad depende de un juicio justo y de la aplicación imparcial de la ley, y calificó a los jueces como guardianes de la confianza pública. Las dos intervenciones coinciden con una nueva escalada militar: la cancillería iraní condenó bombardeos estadounidenses ejecutados en la madrugada del domingo contra instalaciones de vigilancia en la costa sur del país, mientras el presidente Donald Trump advirtió que Washington “arrasará” Irán si persisten las violaciones del alto el fuego. En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber destruido ocho instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Bahréin mediante una operación conjunta con misiles y drones.

En este contexto, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, anunció durante una visita a Irak que la República Islámica asumirá el control y la gestión exclusiva del estrecho de Ormuz durante los próximos treinta días. Araqchí subrayó que ninguna otra potencia tiene autoridad sobre esa vía marítima en el período señalado y advirtió que cualquier intervención unilateral agravaría las tensiones y retrasaría la reapertura de una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. Desde la óptica de Teherán, la medida busca garantizar la seguridad de la navegación mientras se restablece la plena capacidad operativa del estrecho, aunque en círculos diplomáticos europeos y en capitales latinoamericanas con intereses comerciales en la región se interpreta como una demostración de fuerza que podría disparar los costos del transporte marítimo global.

La ofensiva judicial y la reivindicación del estrecho se producen tras dos guerras superpuestas: un enfrentamiento de doce días con Israel en junio de 2025 y una guerra directa con Estados Unidos iniciada en febrero de 2026, durante la cual perdió la vida el anterior líder supremo. La sucesión de Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá, introduce un factor dinástico que, según analistas en Oriente Medio, refuerza la personalización del conflicto y la demanda de rendición de cuentas. El expediente legal que Teherán pretende abarcar incluye desde el asesinato de recién nacidos hasta ataques contra centros médicos, y se apoya en la directriz que el propio Alí Jamenei dejó antes de morir para investigar los crímenes de la guerra de 2025, ahora ampliada al conflicto más reciente.

La judicatura iraní deberá ahora traducir la orden del líder en expedientes concretos ante cortes domésticas e instancias como la Corte Penal Internacional, aunque la viabilidad de esas causas enfrenta obstáculos jurídicos y políticos de gran escala. Mientras tanto, la fragilidad del alto el fuego se mantiene como la principal preocupación inmediata: la Guardia Revolucionaria ha advertido que responderá con mayor contundencia si Washington incurre en nuevas acciones militares, y la administración estadounidense condiciona el cese de hostilidades al cumplimiento iraní de los términos pactados. La comunidad internacional sigue con atención la evolución de ambos frentes, el judicial y el militar, en un escenario donde el control del estrecho de Ormuz añade un factor de riesgo económico de alcance planetario.