El poder judicial iraní ejecutó el 22 de julio a Mehdi Khaneki, un hombre de 26 años arrestado en febrero en la ciudad de Karaj, al oeste de Teherán, por su presunta participación en las protestas antigubernamentales de enero de 2025. Según la agencia oficial Mizan, el condenado fue hallado culpable de “acciones operativas en beneficio de Israel, Estados Unidos y grupos hostiles”, así como de fabricar y almacenar armas y explosivos. La ejecución, confirmada también por el opositor Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI) desde París, se produce en un contexto de multiplicación de sentencias de muerte contra participantes en aquellas movilizaciones, que el régimen califica de “golpe de Estado estadounidense-sionista”.

La versión de la fiscalía iraní, difundida por medios estatales, sostiene que Khaneki se afilió en 2023 a un “grupo terrorista” —identificado por el CNRI como la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI)—, aprendió a fabricar artefactos explosivos y recibió fondos mediante criptomonedas. Durante el registro de su domicilio, las autoridades afirman haber incautado cinco pistolas, noventa cartuchos, once granadas de mano, treinta tubos explosivos y detonadores a distancia. La sentencia, basada en la ley de intensificación de penas por espionaje y cooperación con países hostiles, fue ratificada por el Tribunal Supremo. Desde la oposición en el exilio y organizaciones de derechos humanos con sede en Europa y Estados Unidos se denuncia, en cambio, que el proceso estuvo viciado por confesiones obtenidas bajo tortura, falta de acceso a un abogado independiente y la aplicación de una legislación que criminaliza la disidencia política.

La ejecución de Khaneki es la más reciente de una serie que, según el CNRI, ha cobrado la vida de al menos ocho miembros de los Muyahidines entre marzo y abril, mientras que la Campaña por la Libertad de los Presos Políticos en Irán eleva a más de cincuenta los presos políticos ejecutados desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Analistas en Bruselas y Washington observan que el aumento de las ejecuciones coincide con un recrudecimiento de la represión interna en un momento de máxima tensión regional, después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con bombardear infraestructura iraní en respuesta a cualquier ataque en el estrecho de Ormuz. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, advirtió que la población civil queda atrapada entre los ataques externos y la maquinaria represiva del Estado.

En paralelo, la situación en las prisiones se agrava. Reclusos de las cárceles de Ghezel Hesar, en Karaj, y Dastgerd, en Isfahán, iniciaron huelgas de hambre tras el traslado de condenados a muerte a celdas de aislamiento, un procedimiento que suele preceder a las ejecuciones. La organización Iran Human Rights documentó que más de setenta detenidos de las protestas de enero aguardan sentencia capital solo en Dastgerd, y al menos catorce de ellos ya fueron aislados. La comunidad internacional, a través de Amnistía Internacional y la Unión Europea, ha instado a Teherán a detener las ejecuciones y garantizar juicios justos, aunque sin que hasta el momento se hayan anunciado medidas diplomáticas concretas. Se espera que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aborde la situación en su próximo período de sesiones, mientras los activistas temen una nueva ronda de ahorcamientos inminentes.