La organización de la seguridad social iraní gasta mensualmente unos 210 billones de tomans, pero sus ingresos por cotizaciones no alcanzan los 120 billones, un déficit de más del 40 % que se repite en otras economías emergentes: en Indonesia, el seguro público de salud BPJS registró el año pasado una tasa de siniestralidad del 108,27 %. La brecha ha encendido las alarmas en ambos países y, en el caso iraní, provocó protestas callejeras de pensionistas que exigen mejoras inmediatas.

El desequilibrio obedece a un envejecimiento acelerado de la población asegurada, la ampliación de la cobertura a nuevos colectivos y la contracción de los ingresos por el impacto de las tensiones geopolíticas en la actividad económica de Irán. En Indonesia, el principal motor del déficit son las enfermedades catastróficas, que consumen una porción creciente de los recursos. Desde Teherán, los responsables del organismo advierten de que, sin reformas, el Estado deberá cubrir el agujero con deuda, lo que dispararía la inflación y castigaría aún más el poder adquisitivo de los jubilados.

La presión social ya se ha materializado. El 21 de julio, pensionistas de varias ciudades iraníes marcharon contra la carestía de la vida y los recortes en servicios médicos, con consignas que vinculaban el deterioro de las prestaciones al gasto militar del gobierno. Los sindicatos y asociaciones de retirados denuncian que la inflación ha devorado cualquier mejora nominal de las pensiones y exigen la aplicación plena de la ley que obliga a indexarlas al costo de la vida.

Frente a la tormenta, la organización iraní ha presentado una docena de propuestas legislativas y 32 medidas de gestión interna para cerrar la brecha sin gravar más a trabajadores y empresas; entre ellas destacan la digitalización integral y la fusión de sucursales. En Indonesia, la estrategia es distinta pero complementaria: BPJS Kesehatan ha redoblado los programas preventivos, con un monitoreo intensivo de la hipertensión y la diabetes en los centros de atención primaria, con el objetivo de alcanzar una tasa de contacto de 150 por cada mil asegurados. El éxito o fracaso de estos planes será seguido de cerca por los gobiernos de la región iberoamericana, donde los sistemas de reparto enfrentan presiones demográficas similares.