El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó este viernes en Tokio que el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán otorga a su agencia la responsabilidad de supervisar y verificar el componente nuclear del eventual acuerdo, y urgió a que los inspectores puedan acceder a las instalaciones iraníes “lo antes posible”. Grossi reveló que ya se han iniciado contactos técnicos preliminares con Teherán para definir la modalidad de las inspecciones, pero evitó fijar un plazo perentorio. La declaración se produce en un contexto de abierta discrepancia: mientras Washington insiste en que el entendimiento incluye un régimen de verificación “sin condiciones”, las autoridades iraníes sostienen que el acceso a las plantas que fueron blanco de ataques militares está supeditado a la conclusión de un tratado definitivo y al levantamiento total de las sanciones.

Desde Teherán, el vicecanciller Kazem Gharibabadi y el portavoz de la cancillería, Esmail Baghaei, han reiterado que no existe ningún plan para permitir inspecciones en las instalaciones dañadas durante la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel. Baghaei precisó que, conforme al artículo 9 del memorando de cese de hostilidades, el statu quo del programa nuclear iraní se mantendrá durante el período de negociación de sesenta días. Esto implica, según la interpretación oficial iraní, que las visitas rutinarias a la central de Bushehr y al reactor de investigación de Teherán continúan, pero el acceso a las plantas de Natanz, Fordo e Isfahán —paralizado tras los bombardeos— queda condicionado al resultado de las conversaciones y a la satisfacción de condiciones previas, entre ellas la delimitación de la retirada de tropas estadounidenses de la región y la definición de un paquete de reconstrucción económica.

En Viena, el OIEA subraya que la verificación es indispensable para ofrecer garantías creíbles de que el programa nuclear no se desvía hacia fines militares. Grossi recordó que el inventario de materiales incluye más de 400 kilogramos de uranio enriquecido a alta pureza, cuya última inspección data de junio de 2025, y que la agencia presume que no han sido trasladados, aunque necesita confirmarlo sobre el terreno. El director general mencionó dos opciones técnicas para gestionar ese inventario —la dilución en el propio Irán o su exportación—, pero aclaró que la decisión final corresponde al memorando entre Washington y Teherán, no al organismo. Analistas en Bruselas observan que la insistencia del OIEA en desplegar un sistema de verificación “muy robusto” choca con la realidad de un parlamento iraní que, tras el alto el fuego, aprobó una ley que exige autorización del Consejo Supremo de Seguridad Nacional para cualquier cooperación con la agencia.

El forcejeo diplomático se enmarca en la frágil tregua alcanzada tras la guerra de doce días que dañó severamente la infraestructura nuclear iraní. Fuentes cercanas a las negociaciones en Ginebra indican que el artículo 8 del memorando contempla la dilución del uranio bajo supervisión internacional, pero solo una vez que se resuelvan los cuatro ejes pendientes: el levantamiento completo de las sanciones, los detalles de la reconstrucción económica, el marco para la salida de fuerzas estadounidenses y el cierre definitivo del expediente nuclear. Mientras la Casa Blanca asegura que Irán aceptó inspecciones “al más alto nivel”, Teherán califica esas afirmaciones de prematuras. El dossier queda así a la espera de que las conversaciones técnicas y políticas avancen en el plazo de sesenta días, con el OIEA preparado para actuar pero sin fecha de retorno a las instalaciones más sensibles.