La bancada del partido ecologista francés presentó el jueves una moción de censura contra el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu, a quien responsabiliza por la gestión de la ola de calor extremo que azotó el país a finales de junio y que, según la agencia de salud pública, dejó al menos mil fallecimientos adicionales. La iniciativa, que será debatida en la Asamblea Nacional el 6 de julio, reúne el respaldo de 58 diputados: 32 de Los Verdes, 25 de la formación de izquierda radical Francia Insumisa y un socialista. Sin embargo, fuentes parlamentarias en París anticipan que la moción no prosperará, ya que ni el partido de ultraderecha Agrupación Nacional ni el Partido Socialista —que no ha apoyado ninguna censura contra Lecornu desde su llegada al cargo el año pasado— han mostrado disposición a sumarse.

Desde la óptica del Ejecutivo, la portavoz gubernamental Maud Bregeon rechazó la iniciativa antes incluso de su registro formal y afirmó que “hay un Gobierno que gestiona la crisis y fuerzas políticas que la agravan al presentar esta moción”. El primer ministro, por su parte, calificó de “escandalosa” e “indigna” la estimación de algunos diputados ecologistas que eleva la cifra de víctimas hasta las diez mil personas. La agencia nacional de salud pública, en un informe preliminar, precisó que alrededor del 85 % de los fallecidos tenía más de 65 años y que las muertes en domicilios, sobre todo en la región de París, aumentaron un 40 % durante el episodio, lo que ha saturado los servicios funerarios de la capital.

El trasfondo climático agrava la tensión política. El servicio meteorológico francés advirtió que, pese a un leve descenso, las temperaturas se mantienen en torno a los 30 grados centígrados en buena parte del territorio y se espera un nuevo repunte durante el fin de semana, lo que podría dar paso a la tercera ola de calor de la temporada. Observadores en Bruselas interpretan la moción como un síntoma de la creciente presión que los fenómenos meteorológicos extremos ejercen sobre los gobiernos europeos, obligados a acelerar los planes de adaptación y a rendir cuentas por las consecuencias sanitarias de las temperaturas récord.

Aunque la votación del 6 de julio se perfila como un trámite sin consecuencias ejecutivas inmediatas, el debate parlamentario pondrá a prueba la capacidad del Gobierno de minoría para contener el desgaste político asociado a la crisis térmica. La oposición ecologista, al forzar la discusión, busca instalar en la agenda pública la relación entre políticas de prevención y mortalidad evitable, un argumento que, según analistas en Madrid, resuena en todo el sur de Europa ante un verano que se anticipa especialmente severo.