La Alianza Atlántica atraviesa una de sus crisis internas más profundas desde su fundación. La filtración de un plan del Pentágono para retirar un tercio de los cazas estadounidenses destinados a Europa, junto con la reasignación de un submarino lanzamisiles, un portaaviones y varios buques de guerra, ha desatado las alarmas en las capitales europeas. El detonante inmediato fue la negativa de varios aliados —entre ellos España, el Reino Unido y Francia— a ceder bases y espacio aéreo para la ofensiva militar de Washington contra Irán. El presidente Donald Trump calificó entonces a la OTAN de “tigre de papel” sin Estados Unidos, y el secretario de Estado Marco Rubio advirtió que la relación debía ser reexaminada. Al mismo tiempo, la administración exige que los socios europeos eleven su gasto en defensa hasta el 5% del PIB, una meta que solo cinco de los 32 miembros están en vías de alcanzar.

Desde la óptica de Washington, la Alianza es un acuerdo desequilibrado: Estados Unidos aporta la mayor parte de las capacidades, fondos y liderazgo, mientras sus aliados europeos recogen los beneficios sin asumir los costos. Analistas cercanos a la Casa Blanca describen una doctrina transaccional que condiciona la protección militar al cumplimiento de las contraprestaciones exigidas. En ese marco, la falta de respaldo europeo en el conflicto con Irán ha sido leída como una traición. Figuras del entorno republicano y exfuncionarios del Pentágono acusan además a los países europeos de intentar arrastrar a Estados Unidos a un choque directo con Rusia, utilizando a Ucrania como instrumento para aumentar la tensión entre Moscú y Washington.

En las cancillerías del Viejo Continente, la posibilidad de un desacople estratégico ha dejado de ser una hipótesis teórica. Gobiernos como el de París y Berlín reconocen en privado que el paraguas nuclear y convencional estadounidense ya no puede darse por garantizado. El debate público, sin embargo, sigue atrapado entre la urgencia de construir una autonomía de defensa y las resistencias presupuestarias y políticas internas. La Comisión Europea y varios Estados miembros impulsan iniciativas de rearme, pero los ritmos son lentos y las divergencias, notables. Mientras tanto, el Kremlin observa la fractura transatlántica como una oportunidad para debilitar el consenso antirruso y presiona con un doble mensaje: por un lado, acusa a la OTAN de preparar un “gran conflicto” con el pretexto falso de la amenaza rusa; por otro, se declara abierta a un diálogo que respete el principio de indivisibilidad de la seguridad y los intereses estratégicos de Moscú. “No pensamos atacar a los países de la OTAN”, repiten los diplomáticos rusos, al tiempo que denuncian que la Alianza está “diseñada para la confrontación”.

El contexto se completa con la guerra en Ucrania, que la OTAN considera su prioridad de seguridad europea, y con la postura del presidente ruso Vladímir Putin, quien busca una normalización de relaciones con Estados Unidos a pesar de las contradicciones. Los canales de comunicación entre la Alianza y Moscú están reducidos a una línea de emergencia desde 2022. En este escenario, las declaraciones del ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, advirtiendo que un conflicto entre Rusia y la OTAN podría estallar antes de 2029, reflejan el clima de alerta en los círculos de defensa europeos. Por ahora, las capitales atlánticas evalúan escenarios de autosuficiencia militar mientras afrontan la disyuntiva de aumentar el gasto o asumir un repliegue gradual de su principal garante de seguridad.