Una serie de episodios de violencia contra niños, niñas y adolescentes registrados en los últimos días en Argentina, Brasil y México ha vuelto a poner el foco en la vulnerabilidad de los menores en la región. Los casos, que incluyen abusos sexuales, agresiones físicas y tentativas de secuestro, comparten un patrón que las autoridades locales describen como recurrente: los agresores suelen pertenecer al círculo familiar o de confianza de las víctimas, y en varios de ellos existían señales de alerta previas que no fueron atendidas.

En Argentina, la provincia de Misiones conmocionó con el rapto y tentativa de abuso de una niña de 7 años por parte de un adolescente de 17 que ya registraba una denuncia por abuso sexual sin acceso carnal en 2024, según informaron fuentes policiales. La madre de la menor relató que la pequeña “quedó muy mal, no quiere salir” y exigió que la condición de menor del agresor no derive en impunidad. En San Martín, una niña de 8 años sufrió politraumatismos graves al ser atropellada por una motocicleta cuyo conductor se dio a la fuga, mientras que en Villa Soledad se investiga el intento de secuestro de un adolescente mediante engaños. La Justicia de Misiones caratuló el caso como “abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por el uso de arma” y dispuso el alojamiento del acusado en un centro especializado.

Brasil reportó un incremento significativo de las denuncias. En São Paulo, las notificaciones de violencia sexual contra menores casi se triplicaron en diez años, al pasar de 4.667 casos en 2016 a 14.124 en 2025, de acuerdo con datos de la Fundación Abrinq y el Ministerio de Salud. En Paraná, un padre fue filmado mientras pateaba en el rostro a su hija de 3 años; la policía investiga además castigos como obligar a los niños a arrodillarse sobre tapas de botella. En Cuiabá, un hombre de 46 años fue detenido por estuprar a una niña de 9 años en la piscina de un club, y en Bahía otro sospechoso fue capturado con seis víctimas en su vivienda. Las autoridades brasileñas vinculan el fenómeno con fallas en la red de protección y recuerdan que la Ley Henry Borel, de 2022, tipifica como crimen hediondo el homicidio de menores de 14 años.

En México, el caso de una niña de 10 años atacada por un adolescente de 13 en Zacatecas generó indignación y reavivó el debate sobre la inimputabilidad de los menores de 14 años. El fiscal general del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó que el agresor fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio y violación equiparada, pero aclaró que la ley nacional prohíbe medidas privativas de la libertad para ese rango etario, por lo que permanecerá bajo tutela estatal en un centro especializado. El funcionario admitió que existieron “comportamientos de riesgo” previos que no fueron atendidos y llamó a fortalecer la prevención antes que centrar el debate en lo punitivo.

Las investigaciones continúan abiertas en los tres países. En todos los casos, las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para aportar información y han reiterado la obligación legal de denunciar cualquier sospecha de violencia contra menores. Los datos oficiales reflejan una tendencia al alza que, según especialistas en derechos de la infancia, exige una respuesta articulada de los sistemas de salud, educación y justicia para interrumpir los ciclos de agresión.