Miles de personas marcharon este martes en Johannesburgo, Durban, Ciudad del Cabo y otras ciudades sudafricanas para exigir la deportación de todos los inmigrantes en situación irregular, en el día fijado como plazo simbólico por una coalición de grupos ciudadanos. La movilización, vigilada por un fuerte dispositivo policial y militar, transcurrió de forma mayoritariamente pacífica, aunque se registraron incidentes aislados de saqueo de comercios regentados por extranjeros y al menos una decena de arrestos, según informó el Ministerio de Policía. La fecha había sido establecida por la plataforma March and March y otras agrupaciones, que desde abril han intensificado las protestas y patrullajes en barrios periféricos, y que ya habían provocado la huida de más de 25.000 personas hacia países vecinos, de acuerdo con la Autoridad de Gestión Fronteriza sudafricana.

Desde la óptica del Gobierno de Cyril Ramaphosa, el derecho a la protesta no ampara la intimidación ni la violencia, y el presidente se reunió con los organizadores en la víspera para exigir mesura. Ramaphosa reconoció en su boletín semanal la legitimidad de las preocupaciones ciudadanas sobre la inmigración ilegal, pero subrayó que los extranjeros con residencia legal gozan de protección constitucional. Los grupos convocantes, encabezados por la exlocutora Jacinta Ngobese-Zuma, niegan fomentar la violencia y afirman que su objetivo es presionar al Estado para que aplique las leyes migratorias. Sin embargo, analistas políticos sudafricanos, como Sandile Swana, interpretan el movimiento como una instrumentalización del descontento social por parte de sectores de derecha y de partidos que buscan rédito electoral de cara a los comicios municipales de noviembre, en un contexto de desempleo superior al 30% y profunda desigualdad.

La crisis ha tenido repercusiones diplomáticas inmediatas. Gobiernos de Nigeria, Ghana, Malawi, Mozambique, Zimbabue y Uganda, entre otros, organizaron vuelos y autobuses para repatriar a sus nacionales, muchos de los cuales acamparon durante días frente a consulados o en centros improvisados tras ser desalojados por arrendadores o despedidos por empleadores que temían represalias. Desde las capitales africanas se ha seguido con alarma el resurgir de una violencia xenófoba que, según el centro de estudios African Centre for Migration and Society, ha causado al menos cuatro muertos desde abril, incluidos ciudadanos mozambiqueños, un etíope y un malauí. La Organización de Estados Americanos no se ha pronunciado, pero fuentes diplomáticas latinoamericanas en Pretoria han transmitido su preocupación por el efecto contagio en otras regiones con alta migración intrarregional.

El fenómeno se inscribe en un patrón histórico de estallidos xenófobos en Sudáfrica, con episodios graves en 2008, 2015 y 2019, y refleja, según analistas de la Universidad de Stellenbosch, la intersección de inseguridad económica, debilidad institucional y una narrativa que convierte al migrante africano en chivo expiatorio de problemas estructurales. El Gobierno ha anunciado un refuerzo de los controles fronterizos y la modernización del sistema migratorio, mientras los líderes de las protestas advierten que continuarán con una “acción de masas continua” hasta que todos los indocumentados hayan abandonado el país. La policía mantiene el despliegue y se espera que en los próximos días prosigan las repatriaciones voluntarias y las evaluaciones de daños en las zonas afectadas.