Varios gobiernos africanos han intensificado la evacuación de sus ciudadanos desde Sudáfrica en vísperas de las protestas antiinmigrantes convocadas para el 30 de junio, que grupos como March and March y United South Africa han fijado como fecha límite para que los extranjeros indocumentados abandonen el país. Uganda anunció el envío de vuelos chárter para repatriar a 746 nacionales registrados, mientras Nigeria confirmó que un nuevo avión de Air Peace partirá este martes con otro contingente, tras haber evacuado ya a 328 personas. Malaui ha procesado a más de 15.000 ciudadanos que buscan salir, y Zimbabue, Kenia, Ghana y Mozambique también han puesto en marcha operativos de retorno por carretera y aire, en un contexto de creciente violencia que ha dejado al menos dos muertos y miles de desplazados internos.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, advirtió que cualquier conducta delictiva durante las manifestaciones será enfrentada con todo el peso de la ley y subrayó que el derecho a la protesta no ampara la intimidación ni el vigilantismo. Reconoció que existen preocupaciones legítimas sobre la inmigración irregular, pero insistió en que deben abordarse por vías constitucionales. Los organizadores de las marchas, por su parte, sostienen que sus acciones serán pacíficas, aunque declinan asumir responsabilidad por posibles desbordes. Desde las capitales africanas, la prioridad es garantizar la integridad de sus connacionales: Kampala confirmó la muerte de un ugandés en la provincia de KwaZulu-Natal y prepara la repatriación del cuerpo, mientras que Abuya mantiene contacto permanente con su alta comisión en Pretoria para asistir a quienes decidan permanecer.

La crisis ha puesto al descubierto la persistencia de actitudes xenófobas en sectores de la sociedad sudafricana, donde encuestas recientes muestran que siete de cada diez ciudadanos perciben negativamente el impacto económico de los inmigrantes y un 42% rechaza por completo su presencia. Sin embargo, datos oficiales indican que la población migrante representa apenas el 4,1% del total, una proporción inferior a la de hace una década y baja en comparación con países como el Reino Unido (17%) o Canadá (22%). Investigaciones del Banco Mundial y de la Universidad de Johannesburgo señalan que los inmigrantes tienden a ser desproporcionadamente respetuosos de la ley y que su actividad económica genera empleos para los locales, lo que contrasta con el discurso que los responsabiliza del desempleo, la criminalidad y la saturación de los servicios públicos.

Las fuerzas de seguridad sudafricanas han sido desplegadas de forma masiva, especialmente en la provincia de KwaZulu-Natal, uno de los focos previstos de las protestas. El gobierno ha instado a la población a no tomar la justicia por mano propia y ha recordado que solo los agentes estatales están facultados para exigir documentación migratoria. Mientras tanto, los operativos de evacuación continúan: el vuelo nigeriano de Air Peace tiene previsto aterrizar en Lagos en la mañana del martes, y países como Zimbabue han recibido donaciones del sector privado para financiar el retorno de hasta 20.000 personas. Con el ultimátum a punto de vencer, la comunidad internacional observa con atención un episodio que reactiva el debate sobre la xenofobia, la desigualdad heredada del apartheid y la gestión migratoria en la principal economía del continente.