El Parlamento Europeo dio luz verde definitiva este miércoles al nuevo Reglamento de Retornos, la pieza más controvertida del Pacto de Migración y Asilo que entrará en vigor el 12 de junio. Con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, la Eurocámara consagró un giro restrictivo que acelera las expulsiones de ciudadanos extracomunitarios en situación irregular y, por primera vez, autoriza la creación de centros de detención y deportación fuera del territorio de la Unión, los llamados return hubs. La norma, que sustituye a la directiva de 2008, permite retener a los migrantes hasta 24 meses —ampliables en ciertos casos— y obliga a abandonar el país de inmediato o en un plazo fijado por las autoridades nacionales, excluyendo de los traslados a terceros países a los menores no acompañados.

Desde la óptica de Bruselas, la reforma responde a una presión política sostenida por reducir la migración irregular y armonizar procedimientos que hasta ahora dependían de cada Estado miembro. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, subrayó el éxito del memorando con Túnez, que según sus cifras redujo un 97 % las llegadas irregulares desde 2023, y defendió el reglamento como una herramienta para que “seamos nosotros, y no los traficantes, quienes decidamos quién entra en Europa”. Sin embargo, organizaciones humanitarias y sectores progresistas del hemiciclo denunciaron que la norma normaliza la detención prolongada y externaliza las obligaciones de asilo, un debate que resuena con fuerza en América Latina, donde analistas advierten que los centros extraterritoriales podrían sentar un precedente incómodo para futuros acuerdos con países de tránsito migratorio.

La votación evidenció una reconfiguración del equilibrio político en Estrasburgo. La mayoría se tejió con los votos del Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas —donde se integra Fratelli d’Italia— y formaciones de extrema derecha como Alternativa para Alemania. Al conocerse el resultado, diputados de estos grupos corearon “¡Devolverlos!”, mientras la izquierda respondía con gritos de “Vergüenza”. En Roma, la primera ministra Giorgia Meloni celebró el texto como un “éxito histórico” y lo vinculó directamente con el protocolo italo-albanés, que ya había explorado la externalización de centros de retorno. “Hemos cambiado Europa”, afirmó en un video difundido durante el G7 de Evian, subrayando que la senda abierta por Italia se convertía ahora en política comunitaria.

En paralelo, la misma sesión parlamentaria alumbró un acuerdo provisional sobre derechos de los pasajeros aéreos, que actualiza normas de 2004. El nuevo reglamento obliga a las aerolíneas a incluir el equipaje de mano en la tarifa base, prohíbe cancelar el billete de vuelta si no se embarcó en el de ida y fija compensaciones de entre 250 y 600 euros por retrasos superiores a tres horas. Aunque de naturaleza muy distinta, ambos expedientes comparten un impulso regulador que busca responder a demandas ciudadanas concretas: control migratorio y protección del consumidor.

El reglamento de retornos entrará en vigor de forma escalonada: las disposiciones sobre centros de retorno, evaluación de edad de menores y dimensión externa serán de aplicación inmediata tras su publicación oficial, mientras el resto de medidas lo hará doce meses después. Queda por ver cómo se negociarán los acuerdos con terceros países para albergar los return hubs y si el Tribunal de Justicia de la UE avalará todas las figuras de detención. Mientras, la fractura política que dejó la votación anticipa un debate más amplio sobre la identidad de la Unión y el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales que marcará la legislatura.