El Buró Federal de Investigaciones (FBI) dejará de investigar los presuntos abusos cometidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y remitirá esos casos a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), un organismo dependiente de la misma agencia migratoria, según confirmaron fuentes oficiales a medios estadounidenses. La decisión, comunicada a los agentes de campo el 16 de julio, se produce tras una serie de tiroteos mortales durante operativos de tráfico en Texas y Maine que costaron la vida a dos ciudadanos latinoamericanos en el plazo de una semana y que desataron protestas en varias ciudades. En paralelo, la Casa Blanca ordenó que los agentes de ICE porten al menos una cámara corporal en las paradas de vehículos, un equipamiento cuyo despliegue, según el zar fronterizo Tom Homan, se había retrasado por disputas presupuestarias y que ahora se extenderá a todas las oficinas de campo en un plazo de sesenta días.

Desde la óptica de organizaciones de derechos humanos en América Latina y Estados Unidos, la transferencia de las investigaciones a HSI debilita la supervisión independiente sobre una fuerza que, de acuerdo con cifras recopiladas por la prensa, ha estado implicada en al menos treinta tiroteos desde el inicio de la administración Trump y en la muerte de veintidós personas bajo custodia en lo que va de año. Analistas en Washington señalan que la medida se inscribe en una estrategia más amplia del Departamento de Justicia, que ya en Minesota había reorientado pesquisas sobre letalidad policial migratoria para tratarlas como agresiones a agentes y no como violaciones de derechos civiles, lo que provocó la renuncia de varios fiscales y de un agente del FBI.

En el frente judicial, la Corte Suprema estadounidense zanjó por unanimidad otro debate sensible: la participación de atletas transgénero en equipos deportivos femeninos. El fallo, redactado por el juez Brett Kavanaugh, determinó que las leyes de Idaho y Virginia Occidental que prohíben esa participación no violan la legislación federal de derechos civiles, ya que el término “sexo” en el Título IX debe interpretarse según su significado ordinario en la década de 1970, es decir, como sexo biológico. La decisión fue lamentada en un voto particular por la jueza Sonia Sotomayor, quien consideró que impone una carga significativa a las mujeres transgénero. Casi al mismo tiempo, la Asociación de Tenis Femenino (WTA) anunció que a partir de esta semana exigirá una prueba única del gen SRY para determinar la elegibilidad, en sintonía con lo adoptado por el Comité Olímpico Internacional y otras federaciones.

En círculos diplomáticos europeos y latinoamericanos, ambas dinámicas —la intensificación de la política migratoria con métodos letales y la redefinición legal del sexo en el ámbito deportivo— se leen como expresiones de un mismo giro conservador que prioriza el control fronterizo y una noción biologicista de la identidad. Mientras el arquitecto de las políticas antimigrantes, Stephen Miller, calificó la “violencia de izquierda” como amenaza terrorista ante representantes de 66 países, el secretario de Estado Marco Rubio vinculó las ideas anticapitalistas con un “odio hacia la propia civilización”. Frente a ese discurso, intelectuales y museos como el Red Star Line de Amberes recuerdan que la migración ha sido una constante histórica que moldeó a las propias potencias que hoy la criminalizan, y que figuras como Albert Einstein o Irving Berlin fueron inmigrantes que transformaron la cultura y la ciencia estadounidenses.

El estado de los expedientes es fluido. El Congreso evalúa la Ley de Protección del Deporte Universitario, que otorgaría a la NCAA una exención antimonopolio y blindaría su control sobre la elegibilidad de los atletas, mientras la administración Trump mantiene la cuota de al menos dos mil detenciones migratorias diarias y ha reanudado las polémicas paradas de tráfico. Las próximas audiencias legislativas y la implementación de las cámaras corporales en ICE serán los siguientes indicadores de hasta qué punto la presión social y las críticas internacionales modulan estas políticas.