El hallazgo de diez cuerpos sin vida en tres municipios de Zacatecas —Morelos, Pánuco y Sain Alto— durante la mañana del sábado 18 de julio de 2026 conmocionó al estado del centro-norte mexicano. Las víctimas, todos hombres, presentaban signos de estrangulamiento en ocho casos y heridas de bala en dos; cinco de los cadáveres fueron suspendidos de un puente vehicular sobre la carretera federal 54. Entre los fallecidos se identificó a Ignacio Castrejón Valdez, expresidente municipal de Sombrerete por el Partido Acción Nacional (2016-2018) y empresario minero, así como a Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo por el Partido Revolucionario Institucional, y a Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero de la misma localidad. También perecieron otros funcionarios, un ganadero y varios empresarios.

Las primeras líneas de investigación, según informó la Fiscalía General del Estado, apuntan a una posible red de extorsión y a la colusión de servidores públicos. El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, reconoció la presencia en la entidad del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, y señaló que se indaga cuál de estos grupos estuvo detrás de la jornada violenta. Un dato relevante es que los familiares de las víctimas no presentaron denuncias por desaparición, pese a haber perdido contacto con ellos desde el 16 de julio, lo que refuerza la hipótesis de que fueron citados en un mismo punto antes de ser privados de la vida. Exámenes toxicológicos revelaron que cinco de los fallecidos habían consumido narcóticos recientemente.

El gobernador David Monreal prometió que «quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie pagarán por ello» y desplegó un operativo con más de 400 elementos de las fuerzas armadas —280 del Ejército y 128 de la Guardia Nacional— para reforzar la seguridad. El secretario de Seguridad Pública, general Mayoral, calificó a los responsables de «viles» y «cobardes» y advirtió que no encontrarán «un estado débil». La falta de reportes oportunos, admitió, impidió movilizar tropas con mayor antelación.

El episodio se inscribe en un contexto de violencia extendida en la región. En Colombia, entre el 14 y el 17 de julio, ataques del ELN y disidencias de las FARC en cinco departamentos dejaron al menos seis muertos, según la Defensoría del Pueblo. En Mazatlán, Sinaloa, un motociclista fue asesinado y militares aseguraron explosivos tras repeler una agresión armada. En Washington, una delegación de víctimas mexicanas denunció el tráfico de armas estadounidenses que fortalece a los cárteles. Las investigaciones en Zacatecas continúan con la participación de la Fiscalía General de la República y, hasta el momento, no se han reportado detenciones.