El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), autorizó este jueves todas las transacciones financieras y comerciales relacionadas con las labores de socorro en Venezuela, que de otro modo estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela. La licencia, vigente hasta el 23 de octubre de 2026, responde a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,4 que sacudieron la costa norte del país con 39 segundos de diferencia la noche del 24 de junio, los más destructivos en más de un siglo según registros geológicos. El balance oficial de víctimas supera los 200 fallecidos y 4.300 heridos, mientras que sitios independientes de búsqueda de desaparecidos reportan más de 50.000 personas sin localizar. La medida no implica el desbloqueo de activos congelados ni se extiende a otras transacciones prohibidas por órdenes ejecutivas distintas.

Desde Washington, el Departamento de Estado anunció el envío inmediato de 150 millones de dólares en asistencia —100 millones para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Venezuela y 50 millones para operaciones sobre el terreno—, así como el despliegue de equipos de búsqueda y rescate. La administración estadounidense subrayó que la excepción tiene carácter estrictamente humanitario y no modifica la política de sanciones contra el gobierno venezolano. En Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia en el estado La Guaira, la zona más afectada, y agradeció al presidente Donald Trump su solidaridad. Brasil, por su parte, movilizó una misión con 36 bomberos, un hospital de campaña y nueve toneladas de insumos, que partió este viernes en un avión KC-390 de la Fuerza Aérea Brasileña.

Analistas en América Latina observan que esta licencia temporal contrasta con el endurecimiento reciente del cerco financiero. En abril de 2026, Washington decidió no renovar una licencia general que había flexibilizado las restricciones al sector petrolero venezolano, lo que restableció plenamente las sanciones a partir del 31 de mayo. Desde 2017, las medidas punitivas estadounidenses han apuntado al sistema financiero y a la exportación de crudo, congelando activos en el exterior y limitando la capacidad de maniobra del Estado venezolano. La captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 abrió un espacio para permisos puntuales de explotación y comercialización petrolera bajo el gobierno interino, pero el andamiaje sancionador permanece en pie. Desde la óptica de fuentes en Moscú, la decisión de la OFAC evidencia una disposición a la flexibilidad en emergencias sin alterar la presión estructural sobre Caracas.

La licencia humanitaria permitirá a bancos internacionales, agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales canalizar fondos para la reconstrucción sin infringir el marco sancionador. Mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, el gobierno venezolano coordina la recepción de ayuda con los países que han respondido al llamado de emergencia. La OFAC ha dejado claro que el resto de las sanciones, incluidas las que pesan sobre altos funcionarios y el sector energético, siguen en vigor sin modificaciones.