El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha propuesto modificaciones de amplio alcance al programa de visas H-1B que, según fuentes oficiales, reducirán las exenciones al límite anual para universidades y centros de investigación, e impondrán requisitos más estrictos a las empresas que destinan trabajadores a sedes de terceros clientes. La medida, cuya entrada en vigor se prevé para agosto, afecta de manera directa a las firmas indias de tecnología y consultoría, que utilizan ese modelo de colocación externa. De acuerdo con datos consulares, los ciudadanos indios concentran entre el 71 % y el 74 % de las 85.000 visas H-1B aprobadas cada año, por lo que analistas en Nueva Delhi interpretan los cambios como un encarecimiento y una mayor fiscalización de una vía clave de acceso al mercado laboral estadounidense.

En paralelo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración extendió los permisos de trabajo para cientos de miles de inmigrantes amparados por el Estatuto de Protección Temporal (TPS), entre ellos haitianos, sirios, somalíes y yemeníes. La prórroga, comunicada horas antes del vencimiento de los documentos, se produce después de que el Tribunal Supremo avalara la facultad del Ejecutivo para poner fin a ese programa. Organizaciones sindicales estadounidenses habían advertido que una interrupción abrupta podía generar “caos en los lugares de trabajo y desorganizar sectores clave”. Desde la óptica de grupos de derechos civiles en Washington, la decisión introduce un alivio inmediato pero mantiene la incertidumbre jurídica de fondo para esas comunidades.

Las dificultades no se limitan a las políticas de admisión. La Embajada de India en Kuwait restringió hasta el 19 de julio los servicios de pasaporte y visado únicamente a casos de emergencia, alegando razones administrativas, y mantiene cerrados los centros de solicitud consular sin fecha de reapertura. En Londres, ciudadanos nigerianos denuncian demoras en la renovación de pasaportes que, según testimonios recogidos por medios locales, obligan a esperar hasta enero de 2027 para la captura de datos biométricos, mientras las líneas telefónicas y los correos electrónicos de la Alta Comisión quedan sin respuesta. En Sudáfrica, residentes ghaneses consultados por la prensa describen un clima de temor cotidiano ante posibles ataques xenófobos, que los lleva a restringir sus desplazamientos y a cerrar temporalmente negocios, incluso cuando poseen documentación en regla. La preocupación, señalan fuentes diplomáticas ghanesas, se extiende a la protección de sus nacionales y a la necesidad de una comunicación más fluida entre gobiernos africanos.

En contraste con las barreras a la movilidad física, un estudio del Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School, aplicado a 3.560 personas en doce países de América Latina, revela que la confianza organizacional es el factor que más reduce la interferencia del trabajo en la vida personal en entornos híbridos o remotos. Los investigadores sostienen que la flexibilidad horaria o de sede no produce beneficios automáticos si no está inserta en una cultura de confianza y acompañada de una comunicación clara sobre expectativas y resultados. El trabajo, concluyen desde Buenos Aires, deja de ser un debate sobre cuántos días se acude a la oficina para convertirse en una discusión sobre qué tipo de vínculos y controles sustituyen a la presencialidad. El dossier migratorio global queda así atravesado por reformas normativas en el Norte, cuellos de botella consulares en el Sur y una reflexión latinoamericana que interroga el futuro mismo del trabajo transfronterizo.