La investigación por la chat sexista entre empleados de la empresa de transportes de Milán (ATM) ha dado un giro decisivo con la identificación de un primer sospechoso formalmente investigado por acceso abusivo a sistema informático. La Fiscalía milanesa, apoyada por la Policía Local, ejecutó este lunes varias perquisiciones y secuestros informáticos para esclarecer el origen de las imágenes de pasajeras —en su mayoría mujeres— que eran compartidas junto a comentarios obscenos en el grupo de WhatsApp denominado “Ticinese Staff”. La pesquisa se centra en determinar si las fotografías fueron capturadas directamente de las pantallas de videovigilancia que los conductores pueden consultar en los vehículos o si se accedió de forma ilícita a los servidores centrales de ATM, lo que agravaría el delito informático.

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de una joven de 26 años que, mientras viajaba en la línea 15 del tranvía, observó cómo un empleado fuera de servicio manipulaba imágenes de mujeres en su teléfono móvil. La pasajera fotografió la escena y la difundió en redes sociales, desencadenando una investigación interna que ya ha resultado en la suspensión de servicio y sueldo de los trabajadores implicados. ATM calificó el episodio de “muy grave” y anunció que presentará una denuncia ante el Garante para la protección de datos personales, además de colaborar con la Fiscalía. Desde la óptica de Milán, la empresa insiste en que “el respeto no es un valor negociable”, mientras el alcalde Giuseppe Sala ha reclamado contundencia en las sanciones.

En un eco de conductas impropias en el sector público, pero desde una latitud muy distinta, un guardia municipal de Lima Campo, en el estado brasileño de Maranhão, es investigado por mantener relaciones sexuales dentro de un vehículo oficial. El concejal Lucian Alves denunció el hecho ante el pleno municipal, asegurando que los vecinos estaban “indignados” tras sorprender al agente en pleno acto. La Prefectura ha instaurado un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) para depurar responsabilidades. Aunque los contextos y las infracciones difieren, ambos episodios comparten un patrón de apropiación indebida de recursos públicos —cámaras de seguridad o vehículos oficiales— para fines personales o vejatorios.

Analistas en Brasil subrayan que el caso de Maranhão reabre el debate sobre la formación ética de los agentes municipales y la fragilidad de los mecanismos de control interno en ciudades pequeñas. En Italia, la atención se concentra en la vulnerabilidad de los sistemas de videovigilancia y en la necesidad de auditorías independientes que impidan que herramientas diseñadas para la seguridad colectiva se conviertan en instrumentos de acoso. La coincidencia temporal de ambos escándalos ofrece una oportunidad para que las administraciones locales, tanto en Europa como en América Latina, refuercen los protocolos de acceso a datos sensibles y endurezcan las consecuencias disciplinarias, antes de que la confianza ciudadana en los servicios públicos sufra un deterioro irreversible.