El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó este martes al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a cuatro años y dos meses de prisión en régimen semiabierto, una multa equivalente a cien salarios mínimos y la pérdida de su cargo como funcionario policial. La Primera Sala, por unanimidad de sus cuatro magistrados, lo halló culpable de coacción en el curso de un proceso: entre 2025 y 2026, desde su autoexilio en Estados Unidos, el exlegislador presionó al gobierno de Donald Trump para que impusiera aranceles, sanciones económicas y revocación de visados contra jueces y fiscales brasileños, con el fin de obstruir el juicio por intento de golpe de Estado que llevó a su padre a una condena de 27 años de cárcel.

La sentencia es la culminación de una causa que documentó, con mensajes, vídeos y testimonios, cómo Eduardo Bolsonaro se trasladó a territorio estadounidense con el propósito explícito de forzar a Washington a doblegar a la justicia brasileña. El relator, Alexandre de Moraes, subrayó que “no es función de un diputado federal hacer lobby en el exterior contra el propio país” y rechazó la invocación de inmunidad parlamentaria. La defensa, ejercida por la Defensoría Pública ante la incomparecencia del acusado, alegó falta de citación formal y violación del debido proceso, argumentos que el tribunal desestimó por considerar que el exdiputado tuvo conocimiento pleno de la acción penal y optó por no colaborar.

Desde la óptica de Brasilia, la condena tiene un impacto electoral inmediato: la inhabilitación política por ocho años, hasta 2034, aparta a uno de los nombres con mayor proyección del bolsonarismo de la carrera presidencial de 2026. Analistas políticos brasileños señalan que el fallo suministra munición al discurso de soberanía nacional que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha convertido en eje de su precampaña, al presentar a la oposición como dispuesta a entregar los intereses del país a potencias extranjeras. El propio Eduardo Bolsonaro denunció desde Estados Unidos un “juego de cartas marcadas” y afirmó que el verdadero objetivo era sacarlo de las elecciones, al tiempo que insinuó que no recurrirá la decisión.

Observadores en Madrid y otras capitales europeas advierten que el fallo eleva la tensión diplomática entre Brasilia y Washington. En círculos judiciales brasileños crece la alerta ante una posible ofensiva estadounidense basada en el principio de extraterritorialidad, que ya se ha invocado en litigios contra el ministro Moraes. La negativa de Italia a extraditar a una diputada afín al bolsonarismo y las notificaciones judiciales desde Miami en el caso Rumble-Trump Media refuerzan la percepción de que la causa contra Eduardo Bolsonaro se inscribe en un forcejeo más amplio sobre los límites de la soberanía judicial. La condena, así, no solo cierra un capítulo penal para el clan Bolsonaro, sino que abre un nuevo frente de fricción hemisférica en un año electoral decisivo para Brasil.