La madrugada del miércoles 22 de julio entró en vigor el arancel adicional del 25% impuesto por Estados Unidos a una amplia gama de productos brasileños, desde maquinaria industrial y calzado hasta etanol y papel. La medida, resultado de una investigación de casi un año bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense, afecta a cerca del 18% de las exportaciones de Brasil a ese mercado, con un valor estimado entre 7.000 y 11.000 millones de dólares, según cálculos de la Confederación Nacional de la Industria y la Cámara Americana de Comercio. Quedaron exentos productos estratégicos para el consumo estadounidense como la carne bovina, el café, el jugo de naranja, el petróleo y las partes de aeronaves, lo que concentra el golpe en sectores manufactureros de mayor valor agregado.

Washington justifica el gravamen alegando que Brasil mantiene prácticas comerciales “injustas” que perjudican a las empresas estadounidenses, entre ellas el sistema de pagos PIX, las barreras al etanol, la regulación de plataformas digitales y deficiencias en el combate a la deforestación y la corrupción. Desde Brasilia, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva rechaza esos argumentos como “proteccionistas” y políticamente motivados, y subraya que Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil. Analistas en São Paulo y Washington coinciden en que la ofensiva arancelaria forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para sortear las limitaciones impuestas por la Corte Suprema a su uso de poderes de emergencia y reconstruir su agenda proteccionista sobre bases legales más duraderas, como la propia Sección 301.

A pesar de que el Ejecutivo brasileño había anunciado inicialmente que activaría de inmediato la Ley de Reciprocidad, el vicepresidente Geraldo Alckmin rebajó el tono en los días previos y descartó una represalia inmediata. “La idea no es la retaliación; ojo por ojo y los dos pueden quedar ciegos”, declaró, al tiempo que confirmó que la prioridad es negociar y apoyar a las empresas afectadas. En paralelo, el gobierno lanzó la tercera fase del plan “Brasil Soberano”, con 18.500 millones de reales en líneas de crédito para capital de giro, inversión y diversificación de mercados, y extendió por primera vez estos beneficios a exportadores del agro, la pesca y la minería. La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones prepara además un plan de 130 millones de reales para abrir nuevos destinos en el Sudeste Asiático, Asia Central y la Unión Europea.

El panorama podría agravarse en los próximos días. El gobierno brasileño espera que Washington anuncie un arancel adicional de hasta el 12,5% sobre productos de decenas de países, incluido Brasil, por supuestas fallas en la fiscalización de importaciones producidas con trabajo forzoso. De aplicarse de forma acumulativa, la tasa total sobre algunos bienes brasileños alcanzaría el 37,5%. Especialistas en derecho comercial y relaciones internacionales en Río de Janeiro y Boston advierten que esta segunda investigación, junto con otras en curso sobre subsidios industriales y manipulación cambiaria, revela un intento de la Casa Blanca de institucionalizar un sistema de tarifas por capas que reemplace las medidas temporales que expiran esta misma semana.

El impacto sectorial es desigual. Los estados de São Paulo y Santa Catarina concentran más de la mitad del valor exportado afectado, y segmentos como el calzado, el papel y la celulosa, y las máquinas agrícolas enfrentan una pérdida súbita de competitividad. En el sector del etanol, donde Brasil había ganado terreno como segundo proveedor del mercado estadounidense, la tarifa es leída por analistas en Campinas como una reacción directa al éxito exportador brasileño. Con las elecciones presidenciales de octubre en el horizonte, el tarifazo se ha convertido en un eje de la campaña, mientras el gobierno de Lula intenta equilibrar la firmeza diplomática con la cautela para no alimentar una escalada que, según advierten desde el sector productivo, podría costar empleos y mercados de difícil reemplazo.