El Senado de Filipinas, constituido en tribunal de impeachment, inició este lunes el juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte, un proceso que podría inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos y alterar el tablero electoral de 2028. Duterte enfrenta cuatro cargos: malversación de fondos confidenciales por 612,5 millones de pesos, enriquecimiento inexplicado, sobornos y amenazas de muerte contra el presidente Ferdinand Marcos Jr., la primera dama y un ex presidente de la Cámara de Representantes. La acusada, que no compareció en la primera sesión, niega todas las imputaciones y las atribuye a una persecución política orquestada por el entorno de Marcos.

La fiscalía, controlada por aliados de Marcos en la Cámara baja, sostiene que las pruebas hablarán por sí solas. La defensa, encabezada por el abogado Michael Poa, califica los cargos de infundados. Analistas en Manila advierten que la credibilidad del veredicto dependerá de que ambas partes puedan presentar sus argumentos sin restricciones, y recuerdan el juicio contra el presidente Joseph Estrada en 2001, cuando una votación senatorial para bloquear pruebas desató protestas masivas que forzaron su salida. El senador Francis Escudero, elegido presidente del tribunal tras una reforma reglamentaria que despojó de esa función al presidente del Senado, dirigirá unas sesiones en las que cualquier decisión suya puede ser revocada por el voto de la cámara.

El proceso profundiza la fractura entre los dos clanes políticos más poderosos del archipiélago, que concurrieron juntos en 2022 y rompieron estrepitosamente. La detención del ex presidente Rodrigo Duterte —padre de la acusada— por la Corte Penal Internacional en La Haya agravó el enfrentamiento. En el Senado, varios aliados de la vicepresidenta afrontan causas judiciales: Jinggoy Estrada está detenido por saqueo, Rodante Marcoleta fue imputado por corrupción y Ronald dela Rosa permanece prófugo tras una orden de arresto de la CPI. Desde la óptica de las capitales occidentales, el juicio pone a prueba la solidez de las instituciones filipinas en un contexto de pugna dinástica. Observadores en el Sudeste Asiático subrayan que el desenlace influirá en la orientación geopolítica del país, dividida entre la alianza de Marcos con Washington y la histórica cercanía de los Duterte a Pekín y Moscú.

El calendario previsto contempla sesiones tres veces por semana durante varios meses. La acusación anunció 57 testigos y la defensa, 45. Para la condena se requieren 16 de los 24 votos del Senado, aunque fuentes parlamentarias en Manila no descartan que la ausencia de senadores afines a Duterte reduzca el umbral si se decide computar solo a los presentes. Los primeros testimonios se centrarán en las amenazas de asesinato. El resultado, sea absolutorio o condenatorio, definirá el mapa de la elección presidencial de 2028 y la correlación de fuerzas entre las dos dinastías.