El Senado de Zimbabue aprobó este miércoles una reforma constitucional que amplía el mandato presidencial de cinco a siete años y transfiere al Parlamento la facultad de elegir al jefe de Estado, hasta ahora designado por voto popular. La votación, con 75 sufragios a favor y 4 en contra, completa el trámite legislativo después de que la Asamblea Nacional diera luz verde al texto el 18 de junio con 216 votos frente a 42. La norma queda pendiente únicamente de la rúbrica del presidente Emmerson Mnangagwa, de 83 años, para su promulgación, lo que le permitiría permanecer en el poder hasta 2030, dos años más allá del límite constitucional vigente para su segundo y último mandato.

Desde el oficialismo, encabezado por el partido Unión Nacional Africana de Zimbabue–Frente Patriótico (ZANU–PF), se ha defendido la enmienda como un instrumento para “mejorar la estabilidad política y la continuidad de las políticas”, según comunicó el gabinete en febrero. La formación, que gobierna de manera ininterrumpida desde la independencia en 1980, sostiene que la ampliación de los plazos permitirá culminar los programas de desarrollo en marcha. El proyecto también elimina la elección presidencial directa introducida en 1987, un cambio que, de acuerdo con fuentes parlamentarias, refuerza el control institucional del legislativo sobre el ejecutivo.

La oposición y organizaciones de derechos humanos califican la reforma de “golpe constitucional”. Figuras como el exsenador David Coltart denuncian una “violación efectiva” de disposiciones constitucionales, incluido el derecho al voto para cargos públicos, y reclaman un referéndum nacional. Activistas que han intentado movilizar resistencia reportan intimidaciones, detenciones y agresiones por parte de presuntos agentes estatales, un patrón documentado por Human Rights Watch en marzo. Los intentos de frenar el proceso en los tribunales han fracasado: el Tribunal Constitucional desestimó el 17 de junio un recurso previo por carecer de fundamento jurídico, y la oposición anuncia nuevas acciones judiciales, aunque reconoce que la mayoría oficialista podría ignorar sus obligaciones constitucionales.

Mnangagwa llegó al poder en 2017 tras un golpe militar que depuso a Robert Mugabe, quien había gobernado durante 37 años. Fue elegido en 2018 y reelegido en 2023 en comicios que, según misiones de observación internacional, no cumplieron plenamente los estándares democráticos. La reforma, al eliminar la elección directa, consolida un modelo en el que el Parlamento, dominado por el ZANU–PF, designará al presidente, lo que, desde la perspectiva de analistas africanos, reduce las posibilidades de una alternancia en el poder en el futuro inmediato. El expediente legislativo está cerrado y solo aguarda la firma presidencial para su entrada en vigor.