
El mismo 11 de julio, dos iglesias apelan: una a Roma, otra a Ginebra
Mientras la Fraternidad San Pío X recurría su excomunión ante el Vaticano, la última familia abandonaba el complejo de la iglesia de San Pedro en Teherán, y los expertos de la ONU exigían su devolución.
La última familia salió del conjunto de la iglesia evangélica de San Pedro, en pleno centro de Teherán, el 21 de tir del calendario iraní —el 11 de julio—, según relataron después expertos de Naciones Unidas. Durante semanas, veinte hogares cristianos habían recibido la orden de abandonar el recinto de cuatro hectáreas que albergaba el templo, dos escuelas, viviendas y las oficinas de la Sociedad Bíblica. Ese mismo día, a miles de kilómetros, en Roma, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X presentaba un recurso preliminar ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe contra la excomunión de sus seis obispos, ordenados sin mandato papal. Dos comunidades religiosas, dos formas de disentir y un mismo gesto: apelar a una autoridad superior para que revoque una sanción que las deja, en la práctica, fuera de la ley.
La Fraternidad, fundada por el arzobispo francés Marcel Lefebvre en 1970, había consagrado a cuatro nuevos prelados el 1 de julio en Ecône, Suiza, entre ellos el abad suizo Pascal Schreiber, quien celebró su primera misa al día siguiente. El Vaticano reaccionó con un decreto que declaró a los ministros de la Fraternidad en situación de cisma y excomulgados, y advirtió que los fieles que se adhirieran formalmente al grupo incurrirían en la misma pena. En Brasil, la Conferencia Nacional de Obispos (CNBB) aclaró que las misas celebradas por sacerdotes como el padre Françoá Costa, vinculado a la Fraternidad en Ceilândia, son válidas pero ilícitas, mientras que las confesiones y los matrimonios carecen de todo efecto canónico por falta de jurisdicción. El sacerdote brasileño, en un video difundido el mismo 11 de julio, rechazó la excomunión como “inválida y nula” y anunció que continuaría celebrando la misa tradicional en latín, de espaldas a los fieles, como prescribe el rito tridentino que la Fraternidad se niega a abandonar.
En Teherán, la disputa no era litúrgica sino patrimonial y de supervivencia. La iglesia de San Pedro, construida en 1872, es uno de los templos protestantes más antiguos de Irán. Un tribunal revolucionario había ordenado en 1998 transferir el complejo a la Setad Ejecutiva del Imam, entidad bajo control de la oficina del líder supremo, aunque los miembros del consejo de iglesias evangélicas no lo supieron hasta una década después. Desde la pandemia, además, las tres iglesias anglicanas que aún celebraban en persa —en Teherán, Isfahán y Shiraz— no han recibido autorización para reabrir. Los expertos de la ONU señalaron que de las aproximadamente cincuenta iglesias protestantes que funcionaban en Irán, casi ninguna oficia ya en la lengua local, y recordaron que al menos 79 cristianos conversos permanecen detenidos, algunos sin acceso a abogado.
El recurso de la Fraternidad San Pío X, que según la propia congregación suspende la ejecución del decreto vaticano, busca ejercer “el derecho que la Iglesia reconoce a toda persona que se considere agraviada por un acto administrativo”. La comunidad, con unos seiscientos mil fieles en todo el mundo e influyente en círculos conservadores de Europa y América, ya había sido excomulgada en 1988, aunque Benedicto XVI levantó la sanción en 2009. Ahora, la ordenación de nuevos obispos sin el placet de Roma reabre una herida que parecía cicatrizada. Mientras, en Ginebra, los relatores de la ONU exigieron a Teherán que anule la confiscación, permita el regreso de los residentes y ponga fin a lo que describen como una campaña de presión contra los cristianos persahablantes.
En Ceilândia, el padre Françoá Costa sigue mencionando el nombre del Papa en el canon de la misa, como gesto de una comunión que la jerarquía ya no le reconoce. En Teherán, el complejo de San Pedro permanece vacío, a la espera de una improbable restitución. Dos vacíos: uno jurídico, en el que la validez de un sacramento depende de una concesión que el obispo no otorga; otro físico, donde un templo centenario ha dejado de ser casa, escuela y lugar de culto para convertirse en un expediente administrativo. El mismo 11 de julio, dos iglesias apelaron a instancias superiores; en ambos casos, la respuesta definitiva aún no ha llegado.
| Prensa latinoamericana | −0.30 | critical |
|---|---|---|
| Prensa europea continental | −0.20 | neutral |
| Prensa atlántica / anglosfera | −0.80 | critical |
The Church must enforce its doctrine; those who break from tradition face consequences.
By focusing on the legal technicalities of excommunication, the narrative presents church authority as legitimate and procedural.
The simultaneous seizure of a church in Iran by state authorities is not mentioned, which would frame the story as a conflict between church and state rather than internal discipline.
The Fraternity remains faithful to the Church and seeks justice through proper channels.
By framing the excommunication as a procedural matter subject to appeal, the narrative normalizes the conflict within church law.
The human rights dimension of the Tehran church seizure is absent, which would shift focus from internal to external authority.
The Iranian government must restore the church and respect religious freedom.
By invoking UN experts and human rights language, the narrative internationalizes the conflict and delegitimizes state action.
The internal Catholic dispute in Brazil is omitted, which would complicate the narrative of pure state repression.
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