El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó el jueves en una entrevista con la cadena británica Sky News que su país “no teme” una guerra con Estados Unidos y que se prepara para que un eventual ataque “no nos tome por sorpresa ni seamos derrotados”. La declaración, en la que también aseguró estar dispuesto a luchar “hasta la última gota de sangre” por la soberanía de la isla, se produjo un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que Cuba “se está acercando a nuestra órbita” tras décadas de distanciamiento.

Desde La Habana, la respuesta de Díaz-Canel se enmarca en una denuncia más amplia contra lo que califica como “una estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica” orquestada por Washington para desestabilizar al país. El mandatario cubano acusó al gobierno de Trump de haber dicho “muchas mentiras” y de manipular a la opinión pública internacional, al tiempo que subrayó que Cuba es “un país de paz” que no representa una amenaza para nadie. No obstante, admitió que la confianza en Washington es mínima tras las recientes intervenciones estadounidenses en Venezuela e Irán, aunque dejó abierta la posibilidad de diálogo.

En Washington, la administración republicana mantiene una política de máxima presión que, según fuentes oficiales, busca acelerar el colapso del gobierno cubano. Desde enero de 2026, se han impuesto más de 240 sanciones, incluidas medidas contra el propio Díaz-Canel y su esposa, así como un bloqueo petrolero que ha agravado la crisis energética que sufre la isla desde mediados de 2024. A esto se suma el despliegue del portaaviones USS Nimitz en el Caribe en mayo y la puesta en alerta de fuerzas del Pentágono. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha reiterado que no habrá acuerdo mientras el actual régimen permanezca en el poder, y esta semana anunció la detención de un ciudadano cubano vinculado al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, al que acusa de actividades subversivas.

Analistas en América Latina y Europa observan que las recientes reformas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional cubana —que incluyen privatizaciones, eliminación de controles de precios y apertura a la inversión extranjera— representan un giro sin precedentes hacia el libre mercado, pero no han logrado convencer a Washington. El Departamento de Estado las calificó de “señales de humo superficiales” y, una semana después, impuso nuevas sanciones a bancos y empresas mineras. Para economistas como el cubano Pedro Monreal, las medidas parecen diseñadas para captar la atención de Estados Unidos, aunque su implementación enfrenta riesgos de corrupción y desprotección social si no se establecen mecanismos de supervisión adecuados.

En el plano diplomático, Cuba ha solicitado una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU para el 7 de julio, con el objetivo de condenar el recrudecimiento del bloqueo estadounidense. El canciller Bruno Rodríguez advirtió que cualquier ataque militar se convertiría en “un baño de sangre” y calificó a Rubio de “mentiroso”. Las conversaciones bilaterales, según La Habana, no han registrado avances. Mientras, la isla enfrenta una crisis humanitaria que, según Naciones Unidas, podría agravarse si persisten las restricciones al suministro de combustible.