En un local que simula un restaurante, el adiestrador Heyton Lee levanta la mano y traza un gesto preciso. Lleva diecinueve años enseñando a perros a descifrar el lenguaje humano, pero esta semana su agenda se ha llenado de dueños que quieren que sus mascotas aprendan “modales en la mesa”. Los animales caminan entre mesas sin sobresaltarse, aprenden que un transeúnte no va a patearlos y descubren que la calma se premia. No es un capricho: es la antesala de una transformación legal que acaba de arrancar en Hong Kong.

Desde el jueves, más de novecientos restaurantes de la antigua colonia británica pueden recibir perros en sus salones, derogando una prohibición que databa de 1994 y que solo exceptuaba a los perros guía. La medida, impulsada por un gobierno que ya había autorizado mascotas en ciertos ferris, en trenes de metro de zonas rurales y en visitas hospitalarias a pacientes paliativos, busca consolidar una cultura de inclusión animal. En el café Wan Land, su dueño, Kelvin Chan, ha colgado un cartel que anuncia la bienvenida a los cuadrúpedos. No espera un aluvión de clientes, pero confía en que la presencia responsable de los perros eduque a los escépticos. Franco Li, cliente habitual, sostiene a su shiba Piku y lo define como “un gran paso para la civilización”.

Del otro lado del Pacífico, la conversación sobre quién puede ocupar el espacio público y bajo qué condiciones se escribe con otros protagonistas: los conductores. En México, el Instituto de Movilidad Sustentable ha comenzado a imponer multas de hasta sesenta mil pesos a choferes de plataformas como Uber y Didi que operen sin el registro oficial. Se estima que el cuarenta por ciento de los conductores activos carece de la credencial que acredita la verificación técnica del vehículo, la póliza de seguro amplia y el certificado médico. Las sanciones escalan con la reincidencia y pueden llegar a la suspensión de placas. En paralelo, la Ciudad de México aplica un sistema de puntos que cancela la licencia a quien acumule doce infracciones o reincida en conducir bajo los efectos del alcohol. Desde la óptica de las autoridades capitalinas, la pérdida del permiso no es una penalización económica más, sino un mecanismo para disuadir conductas de riesgo.

Colombia añade otra capa a este entramado regulatorio. Los conductores mayores de sesenta y cinco años deben someterse a exámenes de aptitud física, mental y de coordinación motriz en centros autorizados, y el certificado debe quedar registrado en el sistema nacional antes de renovar la licencia. A partir de los ochenta, la renovación se vuelve anual. No existe una edad límite, pero sí una condición ineludible: sin el examen aprobado, el documento caduca. La norma, que se apoya en la Resolución 217 de 2014, busca detectar a tiempo problemas de visión, audición o reflejos que comprometan la seguridad vial. En Hong Kong, una lógica similar acaba de matizarse: tras las críticas del sector, las autoridades redujeron de anual a dos veces en un lustro la frecuencia de los chequeos médicos obligatorios para conductores comerciales de entre sesenta y cinco y sesenta y nueve años, en un intento de equilibrar la protección con la viabilidad laboral.

En el Old Fung Teahouse, una casa de dim sum que ha invertido más de diez mil dólares hongkoneses en purificadores de aire y biombos para crear una zona pet-friendly, el zumbido del aparato envuelve las mesas. Un perro adiestrado espera junto a su dueño, ajeno a los debates sobre normativas y certificados. La escena condensa, en un rincón de Kowloon, el pulso de unas ciudades que reescriben sus códigos de convivencia: ya no se trata solo de regular el tráfico, sino de decidir qué cuerpos —humanos y animales— pueden compartir la mesa, el volante y la calle.