El Congreso de la Ciudad de México ha recibido una iniciativa que busca reformar la Ley de Protección y Bienestar de los Animales local para regular, por primera vez, el destino de los recursos económicos que genera la participación de animales en campañas publicitarias, contenidos digitales o eventos mediáticos. La propuesta, presentada por la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, del partido Movimiento Ciudadano, establece que una parte de esos beneficios se destine obligatoriamente a mejorar la alimentación, la atención veterinaria, los medicamentos y las condiciones de vida del animal. La legisladora explicó que el vacío legal quedó expuesto con el caso del pato Merlín, una mascota que alcanzó notoriedad durante el Mundial de Fútbol 2026 y despertó el interés de marcas y medios, sin que existiera un mecanismo para garantizar que su bienestar se beneficiara de esa exposición.

En paralelo, en Italia, una movilización digital coordinada por asociaciones ambientalistas ha saturado los buzones de correo de diputados y redacciones periodísticas con un llamamiento a frenar el proyecto de ley de caza que ya obtuvo el visto bueno del Senado y se discute en la Cámara de Diputados. Los activistas, que recuerdan las más de 400.000 firmas depositadas contra la reforma, advierten que el texto ampliaría las especies cazables y los períodos hábiles, debilitando la protección de la fauna salvaje. Desde la óptica de Bruselas, la Comisión Europea ya ha manifestado su preocupación por un posible conflicto con las directivas comunitarias de conservación, lo que añade una dimensión supranacional al debate.

Ambos procesos legislativos, aunque de signo opuesto, reflejan una tensión común que analistas en América Latina y Europa identifican como el choque entre la creciente sensibilidad social hacia los seres sintientes y los marcos normativos que aún no incorporan plenamente esa realidad. En la capital mexicana, la llamada “Ley Merlín” no modifica la naturaleza jurídica de los animales ni crea cuentas bancarias para sus cuidadores, sino que, según la diputada Ledesma, “refuerza el principio del interés superior de los seres sintientes” en contextos donde su imagen produce valor. En Italia, en cambio, la presión de los cazadores y la necesidad de gestionar la fauna en los territorios chocan con una opinión pública que, según un sondeo del Instituto Piepoli citado por los ambientalistas, es contraria en un 94% a cualquier desregulación de la actividad venatoria.

La iniciativa mexicana ha sido turnada a la Comisión de Bienestar Animal del Congreso capitalino para su análisis y dictaminación, sin que se haya fijado aún una fecha de votación. En Italia, el proyecto de caza continúa su tramitación en comisión en la Cámara de Diputados, mientras las asociaciones ecologistas mantienen la campaña de presión digital y no descartan nuevas acciones si el texto avanza sin modificaciones sustanciales.