La confluencia de deudas salariales, prestaciones impagas y tensiones por préstamos estudiantiles ha desencadenado una ola de amenazas de huelga en instituciones de educación superior de América Latina, África Occidental, África Oriental y América del Norte. En Sinaloa, México, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS) se movilizó hasta Palacio Nacional para exigir a la Secretaría de Educación Pública la transferencia de fondos federales que cubran la prima vacacional de 2025 y el seguro de vida, tras advertir que la omisión de recursos extraordinarios ha rebasado “el umbral de lo tolerable”. El gremio anunció un paro indefinido a partir del 29 de junio si no se liberan los recursos, lo que pondría en riesgo el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

En Nigeria, la crisis adopta dos vertientes. La zona suroeste de la Asociación Nacional de Estudiantes Nigerianos (NANS) dio un ultimátum de 48 horas a la Universidad Federal de Oye-Ekiti para que revoque la suspensión de alumnos que, según la organización, fueron sancionados por resistir un ataque armado en el campus; de no actuar, advierten con paralizar la institución. Simultáneamente, la sección sindical de la Universidad Estatal de Yobe acusa al gobierno regional de incumplir un memorando de entendimiento firmado en julio de 2025 y mantiene sin pagar atrasos por promociones, ajustes salariales y el nuevo paquete retributivo federal. La fuga de académicos experimentados hacia otras universidades, señalan representantes sindicales, está erosionando la capacidad docente y de investigación.

En Ghana, el foco se desplaza hacia la recuperación de deudas. El interventor y contador general reveló que unos 4.000 empleados públicos mantienen obligaciones pendientes con el Fondo Fiduciario de Préstamos Estudiantiles, y que su departamento implementará deducciones salariales como sanción estatutaria. La medida busca reforzar la sostenibilidad del sistema, que en el último período desembolsó más de 127 millones de cedis a 46.000 estudiantes. Desde Nairobi, la Universidad de Moi enfrenta un escenario similar de impagos: el sindicato de personal académico exige la liquidación de 500 millones de chelines en atrasos salariales acumulados entre 2017 y 2022, pese a que el gobierno asignó 1.200 millones de chelines para ese fin. Los docentes condicionan la reapertura de septiembre a la resolución del conflicto.

En contraste, la administración estadounidense anunció un recorte temporal de un punto porcentual en los intereses de los préstamos federales directos para quienes se inscriban en el sistema de pago automático. La medida, que estará vigente hasta junio de 2028, llega en un momento en que la morosidad estudiantil alcanzó el 10,3 % en el primer trimestre, su nivel más alto en seis años. Sin embargo, el alivio no alcanza a los casi nueve millones de prestatarios en situación de impago, que primero deberán regularizar sus créditos.

El próximo hito a observar es el 29 de junio, fecha fijada por el SUNTUAS para el eventual inicio del paro en Sinaloa, mientras que en Nigeria el ultimátum estudiantil vence el lunes siguiente y la reunión del senado universitario de Oye-Ekiti el miércoles podría destrabar la suspensión del presidente del gobierno estudiantil. En Kenia, la atención se concentra en si la administración universitaria reasigna los fondos antes del regreso a clases en septiembre.