El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó por unanimidad a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a cuatro años y dos meses de prisión en régimen semiabierto, además de imponerle una multa, la pérdida de su cargo como funcionario de la Policía Federal y una inhabilitación política de ocho años. La sentencia, dictada en ausencia porque el exdiputado reside en Estados Unidos desde principios de 2025, lo declaró culpable de coacción en el curso del proceso: presionó a autoridades estadounidenses para que impusieran sanciones personales contra magistrados del Supremo y aranceles contra Brasil, con el fin de interferir en el juicio que llevó a su padre a una condena de más de 27 años por intento de golpe de Estado.

La decisión judicial fracturó de inmediato el tablero político brasileño. El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aliado del bolsonarismo, calificó la condena de “injusta” aunque aseguró que no perjudicará los planes electorales de su grupo. Sin embargo, la inhabilitación obliga a reconfigurar la candidatura al Senado por São Paulo, donde Eduardo figuraba como primer suplente del presidente de la Asamblea Legislativa, André do Prado. El senador y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro denunció una “venganza” del tribunal, mientras que parlamentarios de izquierda celebraron la sentencia y llamaron “traidor” al condenado. El propio Eduardo anunció que llevará la decisión a la Casa Blanca y desafió al magistrado Alexandre de Moraes afirmando que “no tiene coraje” para enfrentar a Donald Trump.

Desde la óptica latinoamericana, el editorial del diario mexicano La Jornada enmarcó el caso como un ejemplo del “injerencismo trumpista” que amenaza la soberanía judicial de la región, recordando que las tarifas comerciales solicitadas por Eduardo Bolsonaro fueron anuladas por la justicia estadounidense por carecer de base jurídica. Medios europeos como Le Figaro y el británico The Guardian subrayaron el autoexilio del hijo del expresidente y su cercanía con la administración Trump, mientras que analistas en Washington observan que la condena podría tensar aún más las relaciones bilaterales si la defensa busca una intervención directa de la Casa Blanca.

La sentencia llega en un momento de alta efervescencia preelectoral: las convenciones partidarias en São Paulo se concentrarán a finales de julio, con Flávio Bolsonaro, el presidente Lula da Silva y el gobernador Ronaldo Caiado como precandidatos presidenciales. La inhabilitación de Eduardo no solo estrecha el margen de maniobra del bolsonarismo en el mayor colegio electoral del país, sino que también envía una señal contundente sobre los límites que la justicia brasileña está dispuesta a imponer a la injerencia externa. A la espera de un eventual recurso y de una posible solicitud de extradición, el caso consolida la posición del Supremo como guardián de la soberanía procesal, al tiempo que alimenta el discurso de persecución política que moviliza a las bases más radicales de la derecha brasileña.