Fuerzas israelíes llevaron a cabo el domingo una incursión terrestre y un posterior bombardeo de artillería contra la aldea de Abidin, en la provincia siria de Deraa, lo que provocó el desplazamiento nocturno de sus habitantes hacia localidades vecinas, según informaron medios oficiales sirios y un responsable local. El ataque se produjo después de que residentes intentaran cortar el paso a una patrulla israelí lanzando piedras. La Defensa Civil siria movilizó equipos a la zona y su comandante de operaciones, Ahmed al-Hajer, declaró a Al Jazeera que el bombardeo —que incluyó disparos de ametralladora desde un helicóptero— no causó víctimas mortales ni daños materiales significativos, pero generó pánico y un “movimiento de desplazamiento limitado”. Los residentes regresaron posteriormente a sus hogares.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria condenó “en los términos más enérgicos” lo que calificó de “violación flagrante de la soberanía siria y de la unidad de su territorio”, y denunció que las incursiones en las provincias de Quneitra y Deraa constituyen una nueva infracción del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y del Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974. En un comunicado, Damasco advirtió de que la persistencia de estas prácticas “socava los esfuerzos para consolidar la seguridad y la estabilidad” y reclamó a la comunidad internacional que asuma sus responsabilidades para poner fin a las violaciones. La postura siria fue respaldada de inmediato por Arabia Saudita y Catar. Riad expresó su “rechazo total a lo que llevan a cabo las fuerzas de ocupación, que aterrorizan a civiles inocentes y violan las leyes y costumbres internacionales”, e instó a detener las agresiones y a cumplir el acuerdo de 1974. Doha, por su parte, emitió un comunicado en el que subrayó que la continuación de estas “peligrosas agresiones” agrava las tensiones regionales y debilita los esfuerzos encaminados a reforzar la seguridad, al tiempo que reafirmó su solidaridad con el Estado y el pueblo sirios.

Desde la óptica de las capitales árabes, el episodio de Abidin se inscribe en un patrón de actividad militar israelí que se ha intensificado en el sur de Siria desde la caída del gobierno de Bashar al-Assad en diciembre de 2024. Las incursiones y los bombardeos han sobrepasado de forma reiterada la zona desmilitarizada establecida en los Altos del Golán, un territorio ocupado por Israel en 1967 y anexionado en 1981 en un movimiento que, con la excepción de Estados Unidos, la comunidad internacional no reconoce. En las últimas semanas, según fuentes sobre el terreno citadas por medios árabes, las fuerzas israelíes han establecido puestos de control militares, han registrado a civiles y han abierto fuego en varias aldeas de Deraa y Quneitra, acciones que Damasco y sus aliados regionales interpretan como una violación sistemática del alto el fuego vigente.

El ejército israelí ofreció una versión distinta de los hechos. Un portavoz castrense afirmó que el sábado sus tropas “eliminaron a varios hombres armados en la zona de seguridad” del sur de Siria, sin precisar el lugar exacto ni el número de bajas. Para Israel, estas operaciones se enmarcan en la necesidad de garantizar la seguridad en la región adyacente a los Altos del Golán. Sin embargo, analistas en Oriente Medio observan que la amplitud geográfica de las incursiones —que ahora alcanzan la cuenca del río Yarmuk, al oeste de Deraa— sugiere un cambio en la postura militar israelí respecto a la línea de separación, en un contexto de reconfiguración del poder en Siria tras el fin del régimen anterior.

El expediente queda abierto en el plano diplomático. La cancillería siria ha solicitado formalmente a las Naciones Unidas que intervengan para garantizar el respeto del Acuerdo de Separación, mientras que Riad y Doha han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que “frene” a Israel y lo obligue a rendir cuentas. No se ha anunciado por el momento una reunión del Consejo de Seguridad ni una sesión extraordinaria de la Liga Árabe, pero la coincidencia de las condenas procedentes de Damasco, el Golfo y otras capitales de la región configura un frente diplomático que presiona por una contención de las operaciones militares en el sur de Siria.