La detención de un ciudadano estadounidense de 36 años, señalado de abusar sexualmente de un niño de siete en un balcón del barrio Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén, desencadenó una tormenta política y diplomática en Colombia. El hombre, identificado como Grant Gail y originario de Texas, había llegado a Bogotá el 6 de junio junto a su pareja con la intención de adoptar a tres hermanos —de 4, 7 y 15 años— que se encontraban bajo protección del Estado. Un video grabado por vecinos y difundido masivamente en redes sociales mostraba al adulto sosteniendo al menor junto a la baranda, lo que provocó la intervención inmediata de la Policía y su captura. La Procuraduría General de la Nación designó una agencia especial para verificar las actuaciones del proceso de adopción y dispuso que un procurador delegado en materia penal hiciera seguimiento al caso. Los tres menores fueron trasladados al Hospital Simón Bolívar, donde recibieron valoración médica, psicológica y psiquiátrica, y posteriormente quedaron bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La reacción del presidente Gustavo Petro elevó el tono de la controversia. A través de su cuenta en X, el mandatario pidió revisar los procedimientos de ingreso de ciudadanos estadounidenses al país y subrayó que Colombia debe ser respetada como nación soberana. “Deben hablar de tú a tú y aceptar nuestras reglas en nuestro país, como nosotros debemos respetar las de ellos cuando vamos a Estados Unidos; y una regla es respetar a las mujeres y a los niños, respetar a la naturaleza y a la vida”, escribió. Pero fue más allá: en un pronunciamiento posterior, Petro vinculó el caso con lo que llamó “ultraderechismo”, afirmando que este “condena a las familias a la destrucción, crea pedófilos, abundante en las zonas de derecha en los EEUU y lleva a la frustración”. La declaración generó un intenso debate en la opinión pública colombiana y fue interpretada por analistas en América Latina como un intento de politizar un hecho delictivo para reforzar su narrativa ideológica. Mientras tanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, condenó el acto y la Embajada de Estados Unidos manifestó su disposición a cooperar con las autoridades.

El episodio se inserta en un patrón de confrontación que ha marcado la administración Petro tanto en el frente interno como en el externo. Durante sus cuatro años de gobierno, las relaciones con gremios empresariales y sectores inversionistas han estado atravesadas por tensiones constantes, alimentadas por reformas estructurales, intervenciones estatales y un discurso presidencial que muchos consideran hostil hacia el sector privado. En paralelo, esta semana el canciller argentino Pablo Quirno cruzó a Petro luego de que el colombiano cuestionara la política tributaria del gobierno de Javier Milei; Quirno respondió con un lacónico “siete días para que sea historia”, en alusión al tiempo que le resta al mandatario colombiano en el cargo. Desde la óptica de Bruselas, observadores europeos señalan que la acumulación de roces diplomáticos y la retórica polarizante pueden erosionar la confianza de socios internacionales clave en un momento en que Colombia necesita cooperación en materia de protección infantil y adopción transnacional.

La investigación judicial avanza mientras el niño de siete años ya rindió una primera declaración en la que, según fuentes citadas por la prensa local, afirmó que el hombre no lo tocó. No obstante, las autoridades mantienen la cautela y continúan recabando pruebas, incluidos los exámenes médicos forenses practicados a los menores. La Procuraduría, por su parte, escruta cómo estos niños, que estaban bajo protección estatal, terminaron al cuidado del ciudadano detenido, lo que podría destapar fallas en los mecanismos de adopción. El desenlace del caso no solo definirá la responsabilidad penal del acusado, sino que pondrá a prueba la capacidad del Estado colombiano para garantizar los derechos de la infancia sin ceder a la instrumentalización política ni aislarse de la colaboración internacional que exigen estos delitos transfronterizos.