El Gobierno británico formalizó el jueves la nacionalización de British Steel, hasta entonces propiedad del grupo siderúrgico chino Jingye, mediante la Ley de Nacionalización de la Industria del Acero de 2026. La medida, que transfiere al Estado la totalidad de las acciones y activos de la planta de Scunthorpe, busca preservar la producción de acero primario en el Reino Unido, proteger 2.700 empleos directos y garantizar el suministro a sectores estratégicos como el ferroviario y la construcción. Pekín reaccionó de inmediato con una declaración de “firme oposición y fuerte insatisfacción”, en la que calificó la decisión de “golpe severo a la confianza de las empresas chinas que invierten en el Reino Unido”.

Desde Londres, el Ejecutivo laborista defendió la intervención como un acto de interés nacional. El primer ministro Keir Starmer afirmó que British Steel es “parte del tejido de nuestra nación y un pilar de la fortaleza industrial británica”, y subrayó que sin la nacionalización el país se habría convertido en el único miembro del G7 sin capacidad de producir acero primario. El Gobierno ya había asumido el control operativo de la factoría el año pasado, pero la propiedad seguía en manos de Jingye, lo que limitaba su margen para decidir el futuro de la planta. La nueva ley, aprobada por el Parlamento tras una convocatoria extraordinaria en abril de 2025, permite ahora la transferencia forzosa de la propiedad cuando se cumpla un test de interés público.

Desde Pekín, el Ministerio de Comercio acusó al Reino Unido de ignorar las “importantes contribuciones” de Jingye a la economía y la sociedad británicas, y de recurrir al argumento de la seguridad nacional para una “toma de control por la fuerza”. La parte china recordó que la acería acumulaba pérdidas durante años antes de ser adquirida por el grupo chino, que inyectó capital, mantuvo la actividad y preservó miles de puestos de trabajo. Pekín exigió a Londres que cumpla el tratado bilateral de protección de inversiones firmado en 1986 y que otorgue un trato “justo e imparcial” a las empresas chinas. Asimismo, anunció que apoyará a Jingye en la defensa de sus derechos por vía legal y que adoptará “medidas contundentes” para salvaguardar los intereses de sus compañías.

La operación se produce en un contexto de fuertes tensiones financieras: la planta de Scunthorpe registraba pérdidas diarias de 700.000 libras según Jingye, y desde que el Estado asumió la gestión operativa el coste para las arcas públicas ascendía a 1,3 millones de libras al día, según la Oficina Nacional de Auditoría. El Gobierno británico ha anunciado que nombrará un tasador independiente en otoño para determinar posibles indemnizaciones, que podrían ser nulas. Analistas en Bruselas observan que la decisión se inscribe en una tendencia de los gobiernos occidentales a intervenir en sectores estratégicos invocando la seguridad nacional, lo que podría afectar los flujos de inversión extranjera. En América Latina, el caso reaviva el debate sobre el equilibrio entre soberanía industrial y seguridad jurídica para los inversores. La nacionalización coincide además con la inminente llegada al poder de Andy Burnham como primer ministro, quien deberá gestionar el contencioso con China en un momento en que las relaciones económicas bilaterales son objeto de revisión. El expediente queda abierto a la espera del proceso de valoración de compensaciones y de la definición del modelo de negocio a largo plazo para la siderurgia británica.