El Partido Comunista de China expulsó el 14 de julio de 2026 a Ma Xingrui, exsecretario del Comité Provincial en Xinjiang y miembro del Politburó, y lo destituyó de todos sus cargos públicos tras una investigación de la Comisión Central de Control Disciplinario. Según la agencia estatal Xinhua, Ma «perdió sus ideales y convicciones», traicionó los principios del partido y violó gravemente la disciplina política. Las acusaciones incluyen la aceptación de enormes sumas de dinero y objetos de valor, la ayuda a familiares para adquirir viviendas por debajo del precio de mercado, el intercambio de poder por sexo y dinero por sexo, y haber permitido que allegados explotaran la influencia de su cargo para obtener beneficios. El caso, calificado de «particularmente grave», será remitido a la fiscalía y todos los bienes obtenidos ilegalmente serán confiscados.

Desde Pekín, la expulsión se presenta como un eslabón más de la campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping desde 2012, que ha castigado a cientos de miles de funcionarios civiles y militares. El Politburó aprobó el informe del órgano disciplinario y la narrativa oficial subraya la necesidad de combatir la corrupción en sectores donde se concentran el poder, los recursos financieros y los flujos de decisión. Observadores en Washington y Bruselas interpretan la caída de Ma —el tercer miembro del Politburó investigado en la actual legislatura, junto con los exvicepresidentes de la Comisión Militar Central He Weidong y Zhang Youxia— como una señal de que la purga interna se profundiza y consolida el control de Xi sobre las élites del partido, en particular sobre los ámbitos aeroespacial y de defensa.

La trayectoria de Ma vincula directamente su caso con el complejo militar-industrial chino. Ingeniero de formación, dirigió la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China y fue comandante adjunto del programa espacial tripulado; varios de sus antiguos subordinados en el sector aeroespacial también han sido investigados. Analistas en estudios de seguridad de América Latina señalan que la ofensiva disciplinaria en estos sectores estratégicos busca garantizar lealtades en áreas tecnológicas y militares críticas. Al mismo tiempo, el paso de Ma por Xinjiang entre 2021 y 2025 sitúa su remoción en el contexto de las estrictas políticas de seguridad aplicadas en la región, que Pekín justifica como lucha antiterrorista y que organizaciones de derechos humanos y un informe de 2022 de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, han asociado con posibles crímenes de lesa humanidad contra la minoría uigur. La expulsión de Ma no modifica esa controversia internacional, pero refuerza la percepción de que la campaña anticorrupción opera también como mecanismo de disciplina política interna.

El expediente de Ma Xingrui se inscribe en una escalada de la presión disciplinaria: solo en 2025 los tribunales chinos conocieron 36.000 casos de corrupción, un 22,4 % más que el año anterior, y al menos 65 altos funcionarios fueron sancionados. La investigación contra Ma comenzó en abril de 2026 y su ausencia en actos públicos desde noviembre de 2025 ya había alimentado especulaciones. Ahora, el caso pasa a la fiscalía para su revisión judicial; en China, los anuncios públicos de investigaciones a altos cargos desembocan casi invariablemente en condenas. Mientras se espera el juicio y la confiscación de activos, la dirección del partido mantiene el mensaje de que la lucha contra la corrupción es un «tigre que obstruye el desarrollo del partido y del país», y no descarta nuevas acciones contra cuadros de primer nivel.