Una mujer de 29 años, identificada por sus iniciales YTR, fue encontrada en estado crítico el pasado 10 de junio en el Hospital Hasan Sadikin de Bandung, Java Occidental, tras haber permanecido presuntamente secuestrada y sometida a torturas durante tres años por su pareja sentimental, un hombre de 30 años conocido como TH o Taufik Hidayat. La víctima, originaria de Rancaekek, había desaparecido en 2023 y su familia la buscó sin éxito hasta que un mensaje anónimo les alertó de su ingreso hospitalario.

Según el parte médico y las declaraciones de la Policía Regional de Java Occidental (Polda Jabar), la paciente presentaba ceguera bilateral —el ojo derecho tuvo que ser extirpado por infección—, labio superior mutilado, pérdida de varias piezas dentales, heridas profundas en las piernas por arma blanca, quemaduras de cigarrillo en el cuerpo y una infección craneal que albergaba larvas. Los investigadores confirmaron que la víctima estuvo encerrada en una habitación alquilada en el distrito de Cileunyi, donde el presunto agresor la mantenía bajo llave cuando salía.

El sospechoso continúa prófugo. La policía formó un equipo especial de búsqueda y admitió que estuvo cerca de capturarlo en una redada, pero logró huir. La difusión de su fotografía y datos personales por parte de figuras públicas como la diputada Atalia Praratya y el abogado Hotman Paris —quien ofrece asistencia jurídica gratuita a la familia— ha movilizado a la ciudadanía. Paralelamente, la cuenta de TikTok atribuida al prófugo se mantuvo activa, borrando comentarios de internautas que exigían su entrega.

El gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi, se comprometió a sufragar todos los gastos médicos —estimados en más de 40 millones de rupias— luego de que el seguro público BPJS rechazara la cobertura por tratarse de un caso de violencia. Mientras la víctima inicia una lenta recuperación y ya puede comunicarse, persisten interrogantes: la familia y el equipo legal sospechan que hubo otras mujeres agredidas por el mismo hombre en la ciudad de Garut, aunque no se han presentado denuncias formales. También se investiga si existió violencia sexual, extremo que la víctima habría confirmado a su entorno pero que las autoridades aún no han incorporado oficialmente al expediente.

La investigación sigue abierta. La Comisión III del Parlamento indonesio y el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer han instado a una captura inmediata y a la aplicación de penas máximas por violación de derechos humanos. La víctima permanece bajo custodia médica en sala de aislamiento, con nuevas cirugías reconstructivas programadas. Hasta el momento no hay una fecha estimada para el arresto del sospechoso.