La Comisión Europea formalizó el 11 de julio una recomendación a la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA) para que ponga fin al financiamiento de dos millones de euros asignado a la Bienal de Venecia para el trienio 2025-2028. La medida, anunciada por la vicepresidenta ejecutiva Henna Virkkunen, responde a la decisión de la Fundación Bienal de reabrir el pabellón ruso en los Jardines de la exposición, clausurado desde 2022 como reacción a la invasión de Ucrania. Aunque la recomendación no es vinculante, la EACEA ya se había manifestado a favor del recorte. La Bienal, que afirma haber actuado en estricta observancia de la ley, lamentó haberse enterado por redes sociales y no por canales técnicos, y anunció que defenderá su posición en las instancias competentes una vez reciba una notificación formal. Mientras tanto, la edición de 2026 registra un incremento del 20% en visitantes respecto a 2024.

Desde la óptica de Bruselas, la cultura financiada con fondos públicos debe salvaguardar los valores democráticos que, según la Comisión, no se respetan en la Rusia actual. La decisión se apoya en el régimen de sanciones de la UE, que prohíbe prestar servicios al Estado ruso, y se precipitó tras tres cartas de advertencia y un plazo de treinta días para que la Bienal revirtiera la apertura o presentara justificaciones. En el plano político italiano, la recomendación fracturó a las fuerzas de gobierno y oposición. La Liga y el Movimiento 5 Estrellas calificaron el paso de “sentencia política” y “chantaje económico de Bruselas”; el presidente del Consejo regional del Véneto, Luca Zaia, lo tildó de “arrogancia sin precedentes” y pidió al Gobierno una contraofensiva institucional. En contraste, el partido Azione y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Pina Picierno, respaldaron la medida como “justa”, mientras el Partido Democrático atribuyó el recorte a las vacilaciones del Ejecutivo italiano. El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, que envió inspectores y no asistió a la inauguración, no ha emitido comentarios oficiales.

Desde Moscú, el Kremlin interpretó la recomendación como una muestra de la “mentalidad cerrada” que domina en Europa. El portavoz Dmitri Peskov felicitó a la Bienal por estar libre de esa “estrechez de miras” y expresó gratitud hacia los organizadores que mantienen la colaboración con Rusia. Peskov denunció un intento generalizado en Occidente de “anular la cultura rusa”, a la que calificó como una de las más ricas de la civilización. El pabellón ruso, titulado “El árbol enraizado en el cielo”, funcionó solo durante las jornadas profesionales de mayo con actuaciones de músicos, poetas y filósofos, y luego como videoinstalación, tras no obtener permisos para eventos públicos. La controversia se amplificó cuando el jurado de la Bienal excluyó de los premios a los países cuyos líderes enfrentan acusaciones de la Corte Penal Internacional —en alusión a Rusia e Israel—, lo que provocó la renuncia en pleno del jurado y la decisión de que los ganadores se elijan por voto del público. El pabellón israelí tampoco abrió, en protesta por la situación en Gaza.

El expediente queda ahora a la espera de la decisión final de la EACEA, que ya anticipó su respaldo al corte. La Bienal sostiene que los programas afectados solo reciben de manera marginal esa financiación europea y que proseguirán. En el Parlamento italiano, la Liga ha anunciado que solicitará al Gobierno de Giorgia Meloni que compense los fondos retirados. El caso ilustra, según analistas en Bruselas, la tensión entre la autonomía de las instituciones culturales y la aplicación extraterritorial de las sanciones comunitarias, mientras que en América Latina observadores señalan un precedente sobre los límites de la diplomacia cultural en contextos de conflicto armado. La Bienal espera ahora una nota técnica formal para evaluar los pasos legales siguientes, en un clima de récord de asistencia que, para algunos sectores, refuerza su legitimidad al margen de la disputa política.