El gobierno de Brasil publicó este viernes la Ley 15.474, que autoriza la comercialización, adquisición y posesión de aerosoles de extractos vegetales —como el spray de pimienta— para defensa personal femenina en todo el territorio nacional. La norma, sancionada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva con vetos parciales, entró en vigor de inmediato y responde, según el texto legislativo, a la necesidad de ofrecer un instrumento de contención no letal frente a un escenario de violencia de género que en 2025 registró 1.571 feminicidios, un 4 % más que el año anterior, de acuerdo con el Anuario Brasileño de Seguridad Pública.

Desde la perspectiva del Ejecutivo brasileño, los vetos buscan evitar consecuencias no deseadas. Se eliminó la posibilidad de que adolescentes de 16 y 17 años portaran el dispositivo, así como las sanciones administrativas por uso indebido, por considerarlas desproporcionadas y potencialmente revictimizantes. La ley establece que el aerosol, de uso individual e intransferible, solo podrá emplearse para repeler una agresión actual o inminente contra la integridad física o sexual, y deberá interrumpirse una vez neutralizada la amenaza. Los recipientes de más de 50 mililitros quedan reservados a las fuerzas de seguridad. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria definirá las especificaciones técnicas, mientras los establecimientos autorizados deberán mantener un registro de compradoras por cinco años.

En Colombia, el Legislativo retoma una iniciativa de larga trayectoria. La bancada del Pacto Histórico presentó un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 49 de la Constitución, de modo que la prohibición del porte y consumo de sustancias psicoactivas no aplique al cannabis ni a sus derivados cuando sean utilizados por mayores de edad. La propuesta, que excluye entornos escolares, parques y centros de primera infancia, también ordena al Ministerio de Salud diseñar en seis meses una política pública de prevención con énfasis en población escolar y universitaria. Anteriores intentos legislativos, impulsados por el exrepresentante Juan Carlos Lozada, fracasaron en el último debate por falta de mayorías, según fuentes parlamentarias.

Ambos procesos reflejan, a juicio de analistas regionales, un giro en las políticas de seguridad y libertades individuales en América Latina. Mientras Brasil opta por regular un dispositivo defensivo en un contexto de emergencia feminicida, Colombia debate una despenalización parcial que exigiría licencias estatales para toda la cadena productiva. El proyecto colombiano buscará en las próximas semanas el respaldo de sectores progresistas para evitar un nuevo naufragio legislativo. En Brasil, la ley ya está en vigor, aunque su aplicación plena dependerá de la reglamentación pendiente sobre concentraciones, límites de capacidad y estándares de seguridad.