El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil comunicó formalmente al Congreso que la clasificación de las facciones criminales Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos conlleva el riesgo de que Washington recurra a la fuerza militar en territorio brasileño. En un oficio firmado por el canciller Mauro Vieira y dirigido a la Cámara de Diputados, el Itamaraty sostiene que la designación unilateral “podría ser invocada como justificación para acciones extraterritoriales sobre instituciones brasileñas” y advierte expresamente sobre “el riesgo de uso de la fuerza militar de los EUA contra el territorio nacional”. La comunicación responde a requerimientos de información de legisladores opositores y se produce semanas después de que el Departamento de Estado estadounidense formalizara la medida, que entró en vigor el 5 de junio.

Desde la óptica del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, la decisión de Washington no aporta beneficios concretos a la cooperación bilateral contra el crimen organizado y, en cambio, introduce una confusión entre dos fenómenos que la legislación brasileña distingue claramente: el delito común y el terrorismo. La administración brasileña subraya que las facciones operan con fines de lucro, sin motivaciones políticas o ideológicas, y que los instrumentos de asistencia jurídica, intercambio de inteligencia y cooperación policial ya existentes son suficientes. En contraste, el gobierno estadounidense, a través del secretario de Estado Marco Rubio, justificó la clasificación al afirmar que el PCC y el CV son “dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil” y que sus redes ilícitas se extienden más allá de las fronteras brasileñas, alcanzando territorio estadounidense. La oposición de derecha en Brasil, incluido el senador Flávio Bolsonaro, ha respaldado la medida y acusa al Ejecutivo de laxismo en un año electoral.

Analistas en América Latina señalan que la advertencia brasileña se inscribe en un patrón más amplio de acciones de la administración Trump, que ha expandido las designaciones de terroristas para incluir a carteles de narcotráfico y ha llevado a cabo ataques letales contra grupos como el Tren de Aragua en Venezuela, así como contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, sin presentar pruebas concluyentes. El Itamaraty alerta que la legislación antiterrorista estadounidense otorga un amplio margen de discrecionalidad para aplicar sanciones financieras, restricciones migratorias y medidas penales de carácter extraterritorial contra ciudadanos, empresas e instituciones brasileñas, incluso sin vínculos directos con los grupos designados. En el plano económico, la clasificación podría elevar los costos de cumplimiento para el sistema financiero nacional y generar inestabilidad en la relación comercial bilateral, ya tensionada por una investigación estadounidense sobre supuestas prácticas comerciales desleales que podría derivar en aranceles del 25% a productos brasileños antes del 15 de julio.

El dossier permanece abierto en el ámbito legislativo brasileño. El diputado Evair de Melo, autor del requerimiento, calificó las respuestas del Itamaraty de “insuficientes” y señaló que el gobierno no precisó si sus evaluaciones se basan en estudios técnicos o notas diplomáticas, ni detalló las gestiones realizadas ante Washington. Mientras el Ejecutivo insiste en que no hubo comunicación formal previa de la Casa Blanca y que la medida no requiere respuesta oficial por su carácter unilateral, el Congreso anticipa nuevas solicitudes de información. La decisión estadounidense sobre los aranceles, prevista para mediados de julio, y la proximidad de las elecciones presidenciales brasileñas de octubre añaden presión a una relación bilateral que, según fuentes diplomáticas en Brasilia, atraviesa uno de sus momentos de mayor fricción en décadas.