En Ciudad del Cabo, cientos de zimbabuenses se agolparon frente a su consulado durante días, envueltos en mantas y soportando el frío del invierno austral, con una sola demanda: ser repatriados. No se sentían seguros. La escena, descrita por medios locales, se repitió con variaciones en Durban, donde unos 10.000 malauíes abandonaron sus viviendas y acamparon en un espacio comunitario atestado, y en Pretoria, donde nigerianos protestaron a las puertas de su alta comisión al grito de “We no go gree o, we wan go” —no aceptaremos, queremos irnos—, frustrados por los retrasos en los vuelos de evacuación.

El detonante de este éxodo preventivo es un ultimátum sin fuerza legal lanzado por pequeños grupos organizados como “March and March”, que señalan el 30 de junio como fecha límite para que los extranjeros indocumentados abandonen el país. Las autoridades sudafricanas han elevado la preparación operativa de la policía en todas las provincias y han desplegado al ejército en puntos estratégicos como aeropuertos. El ministro de Defensa en funciones, Firoz Cachalia, advirtió que no se tolerarán actos delictivos, intimidación ni destrucción de propiedad, aunque subrayó el derecho a la protesta pacífica. El país arrastra un historial de estallidos xenófobos: 62 muertos en 2008, nuevos brotes en 2015 y 2016, y al menos 12 fallecidos en 2019, diez de ellos ciudadanos sudafricanos. Este año, tres extranjeros africanos han muerto en incidentes vinculados a estas tensiones, entre ellos un malauí de 29 años el 19 de junio en Pietermaritzburg, cuando una manifestación degeneró. La atmósfera se enrarece aún más con la violencia política: durante el fin de semana de inscripción electoral para los comicios locales del 4 de noviembre, hombres armados mataron a cuatro personas vinculadas a partidos, dos de ellas del partido Umkhonto we Sizwe, liderado por el expresidente Jacob Zuma.

Las operaciones de repatriación voluntaria se han acelerado. Ghana ha evacuado a cerca de un millar de sus ciudadanos; Nigeria, tras enviar a 258, tiene a más de 742 registrados que esperan vuelos y enfrentan hambre y falta de alojamiento. Mozambique y Zambia también han facilitado retornos. En Durban, 5.000 malauíes ya han sido trasladados a su país y se ha habilitado un segundo campamento para quienes aguardan. A mediados de junio, más de 2.700 extranjeros habían regresado voluntariamente a sus naciones de origen, según cifras oficiales, después de que el presidente Cyril Ramaphosa prometiera reforzar los controles contra la contratación de personas en situación irregular. Sudáfrica, imán histórico de mano de obra migrante, alberga a más de tres millones de extranjeros —el 5,1% de la población, según el censo de 2022— en un contexto de desempleo superior al 30%.

Desde la óptica de analistas de África occidental, la pregunta que sobrevuela los campamentos y consulados es tan antigua como las fronteras coloniales que fragmentaron el continente: si los africanos deben irse, ¿a dónde van a ir? Señalan que la migración intraafricana es una respuesta natural al desarrollo desigual y que culpar a los extranjeros de los males económicos desvía la atención de las fallas estructurales. En Ghana, la presión ha saltado del debate público al terreno diplomático y empresarial: la Alianza Ghana Primero ha pedido al gobierno que no renueve la licencia de explotación de la mina de oro de Tarkwa, operada por la sudafricana Gold Fields, como represalia por los ataques. La mina produce unas 551.000 onzas de oro al año y genera ingresos estimados entre 1.000 y 2.300 millones de dólares, una porción significativa de los cuales se repatriaría a Sudáfrica. Gold Fields, según reportes, ha solicitado al presidente Ramaphosa que interceda ante su homólogo ghanés, John Mahama, para evitar la cancelación.

Mientras el invierno avanza y el 30 de junio se aproxima, el frío sigue envolviendo a quienes esperan frente a los consulados. En los campamentos improvisados de Durban, el hacinamiento persiste. La cantinela de los nigerianos —“we wan go”— resuena como un eco de una paradoja continental: la movilidad que una vez fluyó sin pasaportes por territorios culturales hoy choca contra las mismas líneas que dividieron las potencias coloniales, ahora defendidas con una ferocidad que obliga a miles a preguntarse, literalmente, hacia dónde queda el hogar.