El gobierno argentino, mediante un decreto vigente desde el 12 de junio, flexibilizó una restricción clave de la crisis de 2001 que limitaba el crédito en dólares a empresas con ingresos por exportaciones. La nueva regulación permite ahora a compañías sin facturación en moneda extranjera acceder a estos préstamos, siempre que cuenten con el aval de una firma exportadora. El objetivo es canalizar los más de 39.000 millones de dólares en depósitos privados en esa divisa —el nivel más alto desde el fin de la convertibilidad— hacia crédito productivo, en un momento en que los préstamos en dólares también alcanzan cifras récord de 23.500 millones.

En paralelo, la administración de Javier Milei diseña un programa de “pasaportes dorados”, según reportó la prensa internacional. La iniciativa otorgaría la ciudadanía argentina a cambio de un aporte no reembolsable de aproximadamente 500.000 dólares o la compra de bonos soberanos con cupón cero por un millón de dólares. El esquema, que podría lanzarse este año, busca captar fondos para afrontar vencimientos de deuda por decenas de miles de millones de dólares en los próximos años, sin recurrir a los mercados internacionales donde las tasas siguen elevadas tras el default de 2020.

Desde Buenos Aires, el economista Iván Cachanosky calificó la apertura crediticia como un “paso en la dirección correcta” para profundizar la intermediación financiera, aunque advirtió que la efectividad dependerá de la calidad de las garantías exigidas por los bancos para evitar riesgos sistémicos. La calificadora Moody’s, con sede en Nueva York, alertó que el prestatario primario sin ingresos en divisas queda expuesto a un deterioro de su capacidad de pago ante movimientos cambiarios adversos, y que la calidad crediticia de la operación pasa a depender de la solidez financiera del exportador garante.

Respecto al programa de ciudadanía por inversión, consultoras que asesoran al gobierno, como Arton Capital y Latitud Group, destacan que Argentina se convertiría en el país más grande en ofrecer un esquema de este tipo, con un pasaporte que permite viajar sin visa a 170 destinos y a un costo inferior al de la visa de inversor de Nueva Zelanda. Sin embargo, la iniciativa enfrenta críticas. En Europa, la Unión Europea prohibió estos programas en 2022 por riesgos de lavado de dinero y seguridad, y el Reino Unido revocó su propia visa para inversores ese mismo año. En Argentina, voces advierten sobre el daño reputacional y la falta de debate público.

Ambas medidas se inscriben en una estrategia de captación de divisas en una economía con alta inflación y déficit fiscal. El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, declinó hacer comentarios sobre el programa de pasaportes dorados. El próximo hito será la presentación oficial del esquema de ciudadanía por inversión, cuyos parámetros finales aún están en discusión, mientras la medida crediticia ya está en vigor y su impacto en la economía real se evaluará en los próximos meses.