El Gobierno de coalición alemán, formado por la CDU/CSU y el SPD, ha acordado exigir un certificado médico desde el primer día de enfermedad y suprimir la baja por teléfono, una medida heredada de la pandemia. El canciller Friedrich Merz justificó la decisión por el elevado número de días de ausencia —una media de 18 por trabajador al año, según datos de la patronal— y por la necesidad de eliminar lo que calificó como una desventaja competitiva. La reforma se enmarca en un paquete más amplio de ajustes fiscales, laborales y de pensiones con el que Berlín busca reactivar su economía.

Dentro de Alemania, las posiciones están divididas. Desde la Unión Cristianodemócrata se defiende el retorno a las reglas previas a la Covid-19 y se subraya que las empresas podrán eximir a sus plantillas de la obligación si así lo acuerdan. Sin embargo, el ala laboral de la CDU y el ministro presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, han advertido del riesgo de contagios en las salas de espera. El socio socialdemócrata, aunque respaldó el pacto para evitar la imposición de días de carencia no remunerados, ha matizado que la aplicación debe ser “sensata”: la ministra de Trabajo, Bärbel Bas, anunció que examinará los efectos reales de la medida. Las asociaciones médicas, por su parte, calculan hasta 30 millones de consultas adicionales al año y consideran que obligar a pacientes con infecciones gastrointestinales o respiratorias a acudir al médico “raya la locura”.

Desde otras capitales europeas se observa el debate con prismas distintos. En Roma, analistas recuerdan que Italia registra una media de apenas 0,6 semanas de baja por trabajador, frente a las 3,5 semanas de Alemania, y que la reforma supone un giro cultural desde un sistema basado en la confianza hacia uno de control, algo que en el sur de Europa resulta familiar pero que en Alemania ha generado un shock. En Teherán, expertos en salud pública discuten prioridades opuestas: mientras el Gobierno alemán restringe el acceso a la baja, Irán impulsa la medicina familiar y el fortalecimiento de los seguros para reducir las barreras a la atención, según detalló un ex viceministro de Sanidad en una entrevista reciente. En Moscú, el Ministerio de Defensa ha propuesto eliminar los exámenes médicos obligatorios para soldados contratados y movilizados, salvo en casos de lesiones graves, al tiempo que organizaciones de derechos humanos documentan nuevas restricciones —como la prohibición de registrar empresas o conducir— para quienes no comparecen tras recibir una citación militar, lo que dibuja una lógica estatal que flexibiliza los controles sanitarios en el ámbito castrense pero los endurece en el civil.

El coste de las bajas por enfermedad para las empresas alemanas se estima entre 82.000 y 85.000 millones de euros anuales, según la Confederación de Asociaciones de Empleadores. El portavoz del Ejecutivo, Stefan Kornelius, precisó que el certificado no tendrá que presentarse necesariamente el primer día y que las videoconsultas seguirán siendo válidas, por lo que la concreción normativa aún está abierta. La coalición prevé tramitar la reforma en las próximas semanas como parte de su agenda legislativa, mientras el Ministerio de Trabajo evalúa su impacto y los Länder afinan los detalles de aplicación.