Estados Unidos revocó el martes la licencia general que autorizaba la venta de petróleo iraní y, horas después, lanzó una serie de bombardeos contra objetivos militares y portuarios en Irán. La decisión, confirmada por el Departamento del Tesoro y el Comando Central estadounidense (CENTCOM), se produjo luego de que tres buques comerciales —entre ellos un metanero qatarí y un petrolero saudita— fueran alcanzados por proyectiles y un dron en las inmediaciones del estrecho de Ormuz. Los precios del crudo Brent superaron los 76 dólares por barril, un alza de más del 5 %, mientras el mercado descontaba el riesgo de interrupciones en una vía por la que transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Desde la óptica de Washington, los ataques contra la navegación mercante constituyeron una violación “peligrosa e injustificada” del memorando de entendimiento firmado el 18 de junio, que estableció un alto el fuego de sesenta días y un alivio temporal de sanciones a cambio de la reapertura del estrecho. Un funcionario estadounidense subrayó que el acuerdo es “totalmente basado en el desempeño” y que Irán solo obtendrá beneficios si exhibe “buena conducta”. En paralelo, Qatar y Arabia Saudita responsabilizaron directamente a Teherán por los daños a sus embarcaciones y exigieron el cese inmediato de prácticas que amenacen la seguridad marítima. El gobierno iraní, por su parte, rechazó las acusaciones qataríes y denunció que tanto la revocación de la licencia petrolera como los bombardeos estadounidenses constituyen una “violación flagrante” del memorando, advirtiendo que tomará “medidas decisivas” para proteger sus intereses.

La escalada pone en entredicho la frágil arquitectura diplomática que había permitido una reanudación parcial del tráfico en Ormuz. Analistas en Europa y centros de estudios estratégicos en América Latina señalan que el núcleo del diferendo sigue siendo el control del estrecho: Irán insiste en que los buques utilicen rutas coordinadas con sus autoridades navales y ha planteado el cobro de peajes, mientras que Estados Unidos y las monarquías del Golfo defienden el principio de libre navegación. La propuesta omaní de un corredor temporal pegado a su costa, apoyada por Washington, es rechazada por Teherán, que la interpreta como un intento de eludir su jurisdicción. Los incidentes del 7 de julio ocurrieron precisamente en aguas próximas a Omán, lo que sugiere que los buques afectados estaban utilizando esa ruta alternativa.

El momento de la crisis añade una capa de complejidad simbólica y operativa. Los ataques y la respuesta militar coincidieron con las exequias del líder supremo iraní, Alí Jamenei, fallecido en los bombardeos iniciales de la guerra el 28 de febrero. Las ceremonias fúnebres, que concluirán el 9 de julio, habían motivado una pausa informal en las hostilidades, mencionada por el presidente Donald Trump como “una semana de tregua por el funeral”. La ofensiva estadounidense, que según fuentes oficiales fue entre cuatro y cinco veces más intensa que los bombardeos de finales de junio, alcanzó sistemas de defensa aérea, vigilancia costera, plataformas de misiles antibuque y drones, así como instalaciones portuarias en Sirik, Qeshm y Bandar Abbás.

El futuro inmediato de las negociaciones queda en suspenso. Si bien la Casa Blanca afirmó que sus negociadores “continúan trabajando de buena fe hacia un acuerdo definitivo”, el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araqchí, condicionó la reanudación de las conversaciones al cese de las amenazas y al cumplimiento íntegro del memorando. La próxima ronda de contactos indirectos, que se esperaba para después del funeral, carece ahora de fecha cierta, mientras el Comando Central estadounidense no ha precisado la duración de la campaña de castigo. La combinación de sanciones renovadas y acción militar directa redefine el tablero de una negociación que, en apenas tres semanas, ha pasado de la esperanza de un arreglo a una nueva fase de confrontación abierta.