El responsable de fronteras de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deberán activar al menos una cámara corporal durante las paradas de tráfico. La medida se conoce después de que, en el lapso de una semana, agentes federales sin esos dispositivos mataran a tiros a dos hombres —un ciudadano mexicano en Houston y un colombiano en Biddeford, Maine— en operativos que no los tenían como objetivo principal. En paralelo, el FBI dejará de investigar las presuntas agresiones contra agentes migratorios y derivará esos casos a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), un brazo del propio ICE, lo que implica que la agencia de inmigración investigará incidentes en los que están involucrados sus propios funcionarios.

Desde la óptica de Washington, Homan defendió las cámaras argumentando que “exoneran a más agentes de la ley de los que condenan” y atribuyó el retraso en su despliegue a los cierres parciales del gobierno impulsados por la oposición demócrata. La administración Trump ordenó reanudar de inmediato las paradas de tráfico, calificándolas de “herramientas eficaces contra el crimen”. Sin embargo, legisladores y organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos señalan que la falta de registros audiovisuales en los tiroteos recientes ha minado la credibilidad oficial, sobre todo después de que el Departamento de Justicia presionara para que la muerte de Renee Good se investigara como agresión a un agente y no como una violación de derechos civiles, lo que provocó la renuncia de varios fiscales y un agente del FBI.

En Europa, la introducción del Sistema de Entradas y Salidas (EES) —que exige a los ciudadanos extracomunitarios registrar huellas dactilares y una fotografía al ingresar al espacio Schengen— ha triplicado el tiempo de paso por control de pasaportes en el aeropuerto de Roma-Fiumicino, según su director de aviación, Ivan Bassato. Aunque la Comisión Europea sostiene que las perturbaciones son limitadas, aerolíneas como Ryanair advierten de esperas prolongadas y el gestor aeroportuario romano reclama “arreglar urgentemente” un sistema que, pese a una inversión de 12 millones de euros en quioscos de autoservicio, ha resultado poco práctico para grandes volúmenes de pasajeros. En Portugal, la policía fronteriza reconoce fallos técnicos, mientras que solo dos países —Suecia y Portugal— utilizan la aplicación de prerregistro de la UE.

En Rusia, el Ministerio del Interior alertó que los centros de llamadas fraudulentos han evolucionado: ya no solo buscan sustraer dinero, sino establecer un control psicológico sobre las víctimas para involucrarlas en actividades delictivas. Los estafadores se hacen pasar por agentes de seguridad, acusan falsamente a las personas de financiar organizaciones prohibidas o les notifican créditos inexistentes para generar miedo y obediencia. De forma complementaria, en espacios como aeropuertos rusos se han detectado códigos QR que simulan promociones de tiendas libres de impuestos y redirigen a páginas falsas para capturar datos bancarios. Esta ingeniería social se nutre, según investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense, de perfiles de consumidores construidos a partir de datos de sorteos y promociones comerciales que luego son vendidos a redes de fraude masivo, como reveló el caso Epsilon, que pagó 150 millones de dólares en sanciones y compensaciones.

El despliegue de las cámaras corporales del ICE está previsto para completarse en un plazo de 60 días en todas las oficinas de campo, mientras el FBI y HSI redefinen sus competencias investigadoras. En la UE, los gestores aeroportuarios presionan para que se permita suspender el EES en momentos de alta afluencia, aunque la Comisión no ha modificado por ahora el protocolo. Las autoridades rusas, por su parte, mantienen campañas de difusión para contrarrestar las nuevas variantes de fraude telefónico y digital.