El 26 de junio, Israel y Líbano suscribieron en Washington un acuerdo marco negociado con la mediación de Estados Unidos que establece un proceso gradual para poner fin al conflicto: las Fuerzas Armadas libanesas asumirán el control de dos “zonas piloto” en el sur, se verificará el desarme de los grupos armados no estatales —en referencia directa a Hezbolá— y, una vez cumplida esa condición, las tropas israelíes se redesplegarán progresivamente fuera del territorio libanés. El texto incluye el reconocimiento mutuo del derecho a existir en paz como Estados soberanos y el compromiso de negociar un acuerdo de paz definitivo, mientras Washington se compromete a apoyar financieramente al ejército libanés y a supervisar la implementación mediante un grupo de coordinación militar.

Las posiciones frente al pacto dibujan un mapa de fracturas profundas. El gobierno libanés, encabezado por el presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam, lo presenta como un primer paso hacia la recuperación de la soberanía; el ministro de Defensa, Michel Menassa, afirmó que “es un nuevo comienzo” y llamó a Hezbolá a negociar. En el extremo opuesto, el presidente del Parlamento, Nabih Berri —líder del movimiento chií Amal y aliado de Hezbolá—, calificó el acuerdo de “imposición” y advirtió que “no se aplicará”, alertando sobre el riesgo de divisiones internas. Hezbolá, cuyo secretario general Naim Qassem lo declaró “nulo”, insiste en que la única vía realista para la retirada israelí pasa por las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, no por un entendimiento bilateral que el grupo considera una rendición. Desde Tel Aviv, el primer ministro Benjamin Netanyahu subrayó que las tropas permanecerán en la autodenominada “zona de seguridad” mientras Hezbolá no se desarme, y fuentes de seguridad israelíes reconocen que el pacto otorga cobertura política para una presencia militar de duración indefinida.

Analistas en Beirut y Londres coinciden en señalar que el acuerdo traslada toda la carga a un Estado libanés frágil, carente de capacidad para desarmar por la fuerza a la facción armada más poderosa del país sin desatar un conflicto civil. El académico libanés Fawaz Gerges, de la London School of Economics, sostiene que el pacto “nació muerto” al basarse en una condición inalcanzable, mientras que el analista Michael Young advierte que la estructura creada “permite a los israelíes permanecer indefinidamente” en el sur. La propia evaluación de la institución de defensa israelí, recogida por medios locales, apunta a una “enorme brecha entre el papel y la realidad” y a la capacidad de Hezbolá para abortar el proceso sobre el terreno.

El conflicto actual se reavivó el 2 de marzo, cuando Hezbolá disparó cohetes contra el norte de Israel en solidaridad con Irán tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán, lo que desencadenó una invasión terrestre israelí y una campaña de bombardeos que ha dejado más de 4.200 muertos y un millón de desplazados en Líbano. El acuerdo marco llega después del fracaso de la tregua de noviembre de 2024 y en un contexto de negociaciones más amplias entre Washington y Teherán, de las que la administración estadounidense ha intentado desacoplar el expediente libanés. Las conversaciones bilaterales se reanudarán este martes, mientras se prepara un anexo de seguridad con los detalles de verificación y los próximos pasos. La viabilidad del entendimiento dependerá de si el ejército libanés logra desplegarse en las zonas piloto sin fracturarse y de si Hezbolá opta por una escalada que ponga a prueba la frágil arquitectura del alto el fuego.