Por primera vez en la historia democrática de España, un expresidente del Gobierno se sentó ante un juez como investigado. José Luis Rodríguez Zapatero, que dirigió el país entre 2004 y 2011, declaró el miércoles ante el magistrado José Luis Calama en la Audiencia Nacional, imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental en el denominado caso Plus Ultra. La comparecencia, seguida con enorme expectación desde Bruselas hasta las capitales latinoamericanas, marca un punto de inflexión en la política española y proyecta una sombra alargada sobre el Partido Socialista y el Gobierno de Pedro Sánchez.

El núcleo de la investigación radica en el rescate estatal de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra, una operación en la que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que Zapatero pudo haber intermediado de forma irregular. Durante su testimonio, el exmandatario negó categóricamente cualquier intervención y se limitó a responder a las preguntas del juez y de su propio abogado, rechazando contestar a las acusaciones populares y a la Fiscalía. Sin embargo, el auto judicial emitido tras la declaración fue contundente: según Calama, el expresidente “no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad” que pesan en su contra. Aun así, el magistrado descartó imponer medidas cautelares como la retirada del pasaporte o comparecencias periódicas, argumentando que la notoriedad pública de Zapatero y su arraigo en España hacen “prácticamente imposible” un riesgo de fuga.

La causa se ha visto agravada por un hallazgo que ha captado la atención de la prensa europea y americana: en la caja fuerte del despacho que el exlíder socialista conserva en la sede del PSOE aparecieron joyas valoradas preliminarmente en 1,3 millones de euros, entre ellas un collar de diamantes. Este descubrimiento ha añadido a la investigación los delitos de fraude fiscal y contrabando, y ha alimentado las críticas de la oposición. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la situación de “cutre y lamentable” y vinculó el presunto blanqueo de capitales con lo que denominó el “blanqueo de una dictadura”, en alusión al papel de Zapatero como mediador en Venezuela. Desde la óptica de analistas en Ciudad de México y Buenos Aires, el episodio evoca los escándalos de corrupción que han sacudido a diversas democracias iberoamericanas, subrayando la vulnerabilidad de las élites políticas cuando abandonan el poder.

Tras abandonar el tribunal, Zapatero difundió un comunicado en el que apeló a la “confianza” de los ciudadanos y defendió su “decencia”, insistiendo en que es “completamente inocente” de delitos que, dijo, “no he cometido”. El texto omitió cualquier referencia a las joyas, un silencio que no pasó desapercibido para los medios europeos, que interpretaron la omisión como una estrategia para disociar su imagen pública del hallazgo material. Mientras, en España, la declaración se produjo en una semana que el PP ha bautizado como la “horribilis” del PSOE, con la imputación de Zapatero coincidiendo con otros frentes judiciales que afectan al entorno del presidente Sánchez.

El caso Plus Ultra se encuentra aún en fase de instrucción y todo indica que la investigación se prolongará, con nuevas diligencias que podrían ampliar el foco sobre las conexiones internacionales del rescate. La figura de Zapatero, hasta ahora un referente respetado dentro del socialismo español y un activo diplomático en América Latina, queda tocada por un proceso que, sin medidas cautelares pero con indicios firmes, mantiene abierta la incógnita sobre su futuro judicial y político. La causa no solo pone a prueba la credibilidad de un expresidente, sino que también tensa las costuras de un Gobierno que necesita preservar la estabilidad mientras la oposición redobla su ofensiva.