La madrugada del 26 de junio, las fuerzas ucranianas lanzaron el mayor ataque con drones registrado contra territorio ruso desde el inicio de la invasión a gran escala. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 660 aeronaves no tripuladas de tipo avión sobre trece regiones, la península de Crimea anexada y las aguas de los mares Negro y Azov. La ofensiva obligó al cierre temporal de los aeropuertos moscovitas de Vnúkovo, Domodédovo y Sheremétievo, y provocó daños en una planta química y una central térmica en Novomoskovsk, en la región de Tula, así como incendios y cortes de suministro eléctrico. En la región de Bélgorod, las autoridades reportaron 84 ataques en 24 horas, con un civil fallecido y tres heridos.

Desde Kiev, el presidente Volodímir Zelenski enmarcó la escalada en una “operación de influencia” de 40 días aprobada por el Servicio de Seguridad ucraniano, cuyo objetivo declarado es presionar a Moscú para poner fin a la guerra. Fuentes militares ucranianas citadas por medios independientes rusos confirmaron que los blancos prioritarios son infraestructuras energéticas, logísticas y militares en profundidad, con el fin de interrumpir el abastecimiento de combustible y llevar el conflicto al interior de Rusia. En Moscú, el vicepresidente del comité de asuntos internacionales de la Duma, Alexéi Chepa, acusó a Ucrania de “actos terroristas” y sostuvo que Occidente facilita un alto el fuego en la línea de contacto para que Kiev pueda rearmarse y aumentar su capacidad de producción de drones.

Analistas en capitales europeas interpretan la ofensiva como un intento de alterar el cálculo estratégico del Kremlin, erosionar el apoyo público a la guerra y demostrar la vulnerabilidad de infraestructuras críticas. La campaña sostenida contra Crimea ha generado una crisis de combustible y apagones que, según reportes de prensa italianos y suecos, ha arruinado la temporada turística y puesto en entredicho la capacidad de Moscú para integrar la península. Paralelamente, fuentes de inteligencia letona citadas por The Guardian advirtieron que Rusia podría estar preparando “provocaciones militares” contra los países bálticos o Polonia, como represalia por el apoyo occidental a Ucrania. En ese contexto, Francia interceptó esta semana un petrolero de la “flota fantasma” rusa cerca de Sicilia, en una operación que, según el presidente Emmanuel Macron, demuestra la determinación europea de hacer cumplir las sanciones.

La ofensiva de 40 días continúa en desarrollo y no se vislumbran canales diplomáticos activos. La OTAN mantiene un monitoreo reforzado de su flanco oriental, mientras los ataques ucranianos con drones de largo alcance se han convertido en un elemento central de la estrategia de Kiev para modificar el equilibrio del conflicto, que ya supera los cuatro años. El Kremlin, por su parte, no ha anunciado medidas de represalia específicas, pero el discurso oficial insiste en la necesidad de “acciones de respuesta sustanciales”.