En la madrugada del domingo, drones ucranianos alcanzaron dos refinerías de petróleo en Rusia —una en Slaviansk-na-Kubani, región de Krasnodar, y otra en Yaroslavl, a 700 kilómetros de la frontera—, provocando incendios, una víctima mortal y daños en líneas eléctricas y gasoductos. El presidente Volodímir Zelenski confirmó la autoría de los ataques, calificándolos de «sanciones de largo alcance» destinadas a reducir los recursos de la maquinaria bélica rusa. Las autoridades locales rusas reportaron además ataques masivos con drones en la región de Bélgorod, que dejaron otro fallecido, y el Ministerio de Defensa afirmó haber interceptado 213 aeronaves no tripuladas en más de una docena de regiones, incluida la capital.

Kiev sostiene que la ofensiva contra infraestructura energética es una represalia legítima para debilitar la capacidad militar de Moscú y forzarlo a negociar. Según un análisis del Baker Institute de la Universidad Rice, en Texas, la campaña ucraniana representa un salto cualitativo: «Las barreras de entrada a la capacidad de ataque de precisión de largo alcance son ahora considerablemente más bajas», señala el estudio, que destaca cómo un país con un PIB modesto ha logrado amenazar activos clave a hasta 2.000 kilómetros de sus fronteras. Funcionarios occidentales citados por medios internacionales añaden que estos golpes han estancado los avances rusos en el frente y erosionado el suministro de combustible, generando escasez y racionamiento en varias regiones rusas.

Desde Moscú, las autoridades calificaron los hechos de actos terroristas y respondieron con una andanada de misiles balísticos sobre Kiev, donde las defensas antiaéreas ucranianas interceptaron la mayoría de los proyectiles, pero se registraron incendios en el distrito de Darnytskyi y al menos un herido. La aviación rusa también atacó la ciudad de Jersón y otras cuarenta localidades, según la administración militar regional, en un intercambio que ha elevado la tensión en todo el arco fronterizo. El Kremlin mantiene su postura de considerar a Ucrania responsable de la escalada y ha advertido sobre consecuencias para la seguridad regional.

Para analistas en Bruselas y Washington, la campaña sistemática ucraniana contra refinerías, oleoductos y depósitos —que ha llevado a Moscú a restringir exportaciones y a imponer controles de venta de carburantes— persigue un doble objetivo: privar al Estado ruso de ingresos petroleros y hacer tangible el costo de la guerra para la población. En América Latina, donde varios gobiernos han abogado por una salida diplomática, el recrudecimiento de los ataques sobre infraestructura energética añade un factor de incertidumbre a los mercados globales, aunque las posturas oficiales se mantienen alineadas con el llamado al cese de hostilidades.

No hay en el horizonte inmediato señales de un alto el fuego. Mientras Ucrania anuncia que sus drones ya operan a más de 1.750 kilómetros y continúa ampliando su flota, Rusia moviliza más sistemas antiaéreos y prosigue sus bombardeos diarios sobre ciudades ucranianas. Se espera que en las próximas semanas ambos bandos persistan en esta estrategia de desgaste, a la espera de que un eventual proceso de negociación —aún sin calendario definido— modifique el equilibrio de fuerzas sobre el terreno.