El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó en la madrugada del miércoles la suspensión temporal de los controles vehiculares realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La pausa, ordenada apenas un día antes por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, buscaba revisar los protocolos tras la muerte de dos migrantes por disparos de agentes en Texas y Maine, y un tercer fallecido en Florida durante una persecución. La Casa Blanca justificó la marcha atrás argumentando que las detenciones de tráfico son una herramienta indispensable para deportar a “delincuentes extranjeros” y que renunciar a ellas proyectaría debilidad.

La secuencia de decisiones expuso tensiones dentro del aparato de seguridad. Según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citadas por la prensa estadounidense, Mullin no habría informado a Trump antes de emitir la pausa, y el mandatario se enteró por la cobertura mediática. La base política del presidente, incluidos influyentes comentaristas y exfuncionarios, presionó de inmediato para revertir la medida, calificándola de concesión. Mullin se alineó públicamente con Trump y afirmó que ambos están “en la misma página”. Desde la óptica de organizaciones de derechos humanos, en cambio, la restitución de los controles agrava un patrón de uso excesivo de la fuerza. Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han documentado que la tasa de mortalidad bajo custodia del ICE es la más alta en más de una década, con al menos 22 fallecidos en lo que va de 2026.

Los tres incidentes recientes comparten un elemento: ninguna de las víctimas era el objetivo directo de los operativos. Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años con 35 años de residencia en Estados Unidos, murió baleado en Houston. Joan Sebastián Durán Guerrero, colombiano de 26 años, padre de una niña y con permiso de trabajo, recibió un disparo en la cabeza en Biddeford, Maine. El tercer hombre, un mexicano de 28 años, falleció atropellado mientras huía a pie en Florida. Los gobiernos de México y Colombia han solicitado investigaciones transparentes, y en ciudades como Houston, Boston y Portland se han registrado protestas de comunidades migrantes. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que más de la mitad de las oficinas regionales del ICE ya disponen de cámaras corporales y que el resto las recibirá en un plazo de 60 días, un despliegue que, según admitió, ha sido más lento de lo previsto por disputas políticas.

El episodio se inscribe en una ofensiva migratoria que, desde enero de 2025, ha multiplicado las detenciones y las confrontaciones. Analistas en Washington señalan que la administración Trump enfrenta un dilema operativo: mantener el ritmo de deportaciones —con una meta de 2.000 arrestos diarios— sin que los métodos erosionen el apoyo público ni deterioren las relaciones bilaterales. Mientras, el DHS ha indicado que se revisarán los protocolos de entrenamiento para agentes en paradas vehiculares, aunque la directriz presidencial descarta cualquier limitación inmediata. Las investigaciones sobre los tres fallecimientos siguen abiertas y, hasta el momento, no se han presentado cargos contra ningún agente involucrado.