El presidente Donald Trump ordenó el cese de los tres miembros que quedaban en la Comisión de Asistencia Electoral (EAC, por sus siglas en inglés), un organismo federal independiente creado en 2002 para apoyar a los estados en la organización de los comicios. La decisión, comunicada por correo electrónico a los dos comisionados demócratas y mediante una llamada a la republicana, deja a la agencia sin capacidad de decisión a menos de cuatro meses de las elecciones legislativas de medio mandato, previstas para noviembre de 2026.

Desde la Casa Blanca se argumentó que el presidente se reserva el derecho de remover a funcionarios que no estén “totalmente alineados” con la tarea de asegurar las elecciones y garantizar el conteo de votos legales. La administración invocó un fallo reciente de la Corte Suprema que amplió la autoridad presidencial para destituir a responsables de agencias independientes. En contraste, secretarios de Estado demócratas como Adrian Fontes, de Arizona, calificaron la medida de “irresponsable y peligrosa”, y advirtieron que socava la integridad de la administración electoral no partidista. El senador Mark Warner afirmó que la remoción de todos los comisionados “debería preocupar a todos los estadounidenses, sin importar su partido”.

Desde América Latina, donde varios países han experimentado tensiones entre los ejecutivos y los organismos electorales autónomos, analistas observan con inquietud el vaciamiento de una institución diseñada para generar confianza en los procesos de votación. La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha subrayado en reiteradas ocasiones la importancia de contar con autoridades electorales independientes y técnicamente sólidas. En Europa, la decisión se interpreta como un nuevo episodio de concentración de poder en el Ejecutivo estadounidense, que podría afectar la percepción internacional sobre la calidad democrática de las elecciones en ese país.

La EAC fue establecida por el Congreso tras las controvertidas elecciones de 2000, con el mandato de certificar equipos de votación, distribuir fondos federales para seguridad electoral y mantener el formulario nacional de registro de votantes. La ley exige que sus cuatro miembros —dos por cada partido— sean confirmados por el Senado. La comisión ya había sido objeto de tensiones con la Casa Blanca: en marzo de 2025, Trump emitió una orden ejecutiva para que la EAC exigiera prueba de ciudadanía en el registro, medida bloqueada por tribunales federales. La reciente sentencia Trump v. Slaughter, que derogó un precedente de 1935, allanó el camino legal para estas destituciones.

Con los cuatro puestos vacantes —el cuarto comisionado, un republicano, había renunciado en abril—, la EAC no puede adoptar decisiones, ya que se requiere el voto de al menos tres miembros. La Casa Blanca no ha precisado un calendario para proponer reemplazos, que deberán superar el proceso de confirmación en el Senado. Mientras tanto, los estados deberán afrontar los comicios de medio mandato sin el respaldo técnico y financiero habitual de la agencia federal, en un clima de creciente polarización y desconfianza hacia los mecanismos electorales.