El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles que, a partir de ahora, cada ataque iraní contra un buque en el Estrecho de Ormuz será respondido con la destrucción de un puente o una central eléctrica en Irán, incluidas aquellas situadas cerca o dentro de Teherán. La amenaza se produjo mientras el Comando Central estadounidense (CENTCOM) confirmaba la duodécima noche consecutiva de bombardeos sobre objetivos militares iraníes, en una operación que, según fuentes militares, busca degradar la capacidad naval y de misiles de la República Islámica. Desde Teherán, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, replicó de inmediato que la doctrina de defensa iraní es “ojo por ojo” y que cualquier agresión contra su infraestructura provocará una respuesta “poderosa y decisiva”.

La escalada verbal vino acompañada de un intercambio de amenazas sobre el alcance del conflicto. El mando militar conjunto iraní advirtió, según la televisión estatal, que si Washington ejecuta su amenaza, las fuerzas iraníes atacarán infraestructuras de petróleo, gas, electricidad y economía en toda la región, además de bloquear por completo la exportación de crudo desde Asia Occidental. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró en redes sociales que “en una región donde nosotros no vendamos petróleo, nadie lo venderá” y que la seguridad del estrecho depende de la ausencia de tropas estadounidenses. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó desde Manila que Washington sigue abierto a una salida negociada, aunque puso en duda la voluntad de Teherán. Mientras, la Casa Blanca insiste en que la campaña militar busca restablecer la libre navegación en una vía por la que transita una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

El impacto económico de las hostilidades se ha agravado. El barril de Brent superó los 95 dólares, su nivel más alto en casi seis semanas, y la gasolina en Estados Unidos rebasó los 4 dólares por galón, en un contexto preelectoral que, según analistas en Washington, añade presión sobre la administración Trump. El Pentágono ha cifrado el costo de la guerra en 37.500 millones de dólares, mientras la Cámara de Representantes aprobó una partida presupuestaria adicional de 95.000 millones, en su mayoría para sostener las operaciones en Oriente Medio. Expertos en derecho internacional citados por la prensa estadounidense recuerdan que los Convenios de Ginebra prohíben los ataques contra infraestructuras indispensables para la población civil, y que amenazas de este tipo podrían constituir crímenes de guerra. En el terreno, los bombardeos han causado víctimas civiles: fuentes sanitarias iraníes reportaron al menos dos muertos en la localidad fronteriza de Shalamcheh, y Teherán ha respondido con ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait, así como contra plantas desalinizadoras e instalaciones energéticas de países del Golfo.

El conflicto, que estalló el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, ha cobrado la vida de 18 militares estadounidenses y ha provocado miles de muertos y millones de desplazados, según balances de agencias internacionales. Un acuerdo marco alcanzado en junio con mediación de Pakistán colapsó a las tres semanas, y desde entonces el control del Estrecho de Ormuz se ha convertido en el eje de la disputa. La amenaza de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, de bloquear el paso de Bab el-Mandeb a los buques saudíes ha extendido la inestabilidad al mar Rojo, obligando a desviar petroleros y agravando la disrupción del comercio marítimo global. Aunque ambas partes reconocen la existencia de contactos diplomáticos indirectos, no se vislumbra una nueva tregua. La guerra, lejos de contenerse, amenaza con regionalizarse aún más mientras los precios de la energía y el costo humano siguen en aumento.