Al menos tres estudiantes fallecieron y otros cinco resultaron heridos —algunas fuentes elevan la cifra de lesionados a siete— en un tiroteo ocurrido la mañana del lunes en la Escuela Secundaria Nacional San José, en la ciudad de Tacloban, provincia de Leyte, en el centro de Filipinas. Según la policía regional, el ataque se produjo alrededor de las 9:00 hora local, cuando dos jóvenes armados irrumpieron en dos aulas y dispararon contra sus compañeros. Los heridos fueron trasladados de inmediato a centros médicos cercanos, informaron las autoridades sanitarias locales.

Los presuntos agresores, de 14 y 15 años y alumnos del mismo centro, fueron detenidos poco después: uno en el interior de la escuela y el segundo en una vivienda próxima, donde se había refugiado, de acuerdo con el portavoz de la Policía Nacional Filipina, coronel Allen Rae Co. En los interrogatorios iniciales, ambos mencionaron haber sufrido acoso escolar, lo que la investigación considera como el móvil principal, aunque no se descartan otras líneas. Las armas empleadas —un revólver calibre .38 y una pistola 9 mm— han abierto un frente adicional: la pistola estaba registrada a nombre de una agente de policía, tía de uno de los detenidos, quien ya se encuentra bajo custodia; el revólver pertenecía a una empresa de seguridad privada de Cebú, según los registros oficiales.

Tiroteos en centros educativos son extremadamente inusuales en Filipinas, a pesar de que la violencia armada es un fenómeno recurrente en el país, alimentado por un amplio mercado negro de armas de fuego y una regulación que, aunque estricta sobre el papel, convive con miles de armas no registradas. El precedente más recordado se remonta a julio de 2022, cuando un hombre abrió fuego durante una ceremonia de graduación en la Universidad Ateneo de Manila, en Quezon City, y mató a tres personas, entre ellas una exalcaldesa, en un crimen que la justicia calificó como asesinato por motivos personales.

El presidente Ferdinand Marcos Jr. ordenó una investigación exhaustiva y el refuerzo de la seguridad en todas las escuelas, espacios de trabajo y áreas públicas, según informó la subsecretaria de Comunicaciones, Claire Castro. El Ministerio de Educación expresó su "profunda preocupación" y anunció, junto con la policía, una revisión de los protocolos de seguridad escolar, las políticas contra el acoso y los sistemas de monitoreo del comportamiento estudiantil. Desde el ámbito internacional, los Emiratos Árabes Unidos condenaron el ataque y transmitieron sus condolencias a las familias de las víctimas.

La investigación continúa abierta. Las autoridades recuperaron unos 40 casquillos en la escena y analizan videos publicados en redes sociales que mostrarían a uno de los adolescentes manipulando armas antes del ataque, lo que la policía ha calificado como "señales de alerta" que no fueron detectadas a tiempo. Los dos menores permanecen bajo custodia mientras se determina su grado de responsabilidad penal, condicionado por una ley de 2006 que establece los 15 años como edad mínima de imputabilidad. La cifra definitiva de heridos y la secuencia exacta de los hechos aún están sujetas a confirmación oficial.