La confirmación de un fenómeno de El Niño de magnitud fuerte a extraordinaria para el segundo semestre de 2026 ha desencadenado alertas en toda América Latina. El Comité ENFEN de Perú elevó la probabilidad de un evento “fuerte” que podría prolongarse hasta abril de 2027, mientras que la Organización Meteorológica Mundial e Inmet en Brasil observan patrones que sugieren uno de los episodios más intensos desde 1950. Desde Bogotá, el Ministerio de Ambiente colombiano advierte que la probabilidad de un Super Niño “muy fuerte” asciende al 81%, lo que ha llevado al gobierno saliente a declarar el desastre nacional y movilizar recursos de emergencia.

El impacto se manifiesta en múltiples frentes. En el sector energético, Colombia enfrenta un déficit de generación en firme de al menos 700 megavatios, según estimaciones de EPM, y un 55% de los proyectos de transmisión presentan retrasos. La dependencia de la hidroelectricidad —que en condiciones normales supera el 60%— expone al sistema a sequías prolongadas; la alternativa de las térmicas choca con un déficit de gas que ya supera el 39%, y la única regasificadora del país, en Cartagena, requiere mantenimiento programado. Para reducir la demanda, el gobierno propuso implementar teletrabajo y clases virtuales durante la coyuntura. En Perú, gremios agrarios y autoridades de infraestructura advierten que más de 2,5 millones de hectáreas agrícolas y 8 millones de personas se encuentran en riesgo alto, mientras que más de 80 puentes en la red vial requieren obras urgentes y el parque de maquinaria pesada estatal es insuficiente para atender los 1.900 puntos críticos identificados.

La amenaza sanitaria añade otra capa de urgencia. El Ministerio de Salud de Brasil emitió un alerta ante la proyección de hasta 1,7 millones de casos de dengue en 2027, vinculada al aumento de criaderos del Aedes aegypti por las lluvias y temperaturas extremas. La combinación de sequías e inundaciones también potencia la transmisión de chikungunya y otras arbovirosis. En Uruguay, el Sistema Nacional de Emergencias coordina por primera vez protocolos unificados con los gobiernos departamentales, apoyándose en registros históricos que datan de 1998 para anticipar zonas de mayor impacto.

La transición política complica las respuestas. En Perú, el gobierno entrante de Keiko Fujimori calificó de “catastrófica” la situación heredada, con planes de contingencia inexistentes y obras de prevención suspendidas por falta de presupuesto. En Colombia, la declaratoria de desastre por parte del gobierno saliente fue tachada de improvisada por gremios como Andesco, aunque analistas coinciden en que el margen de maniobra es estrecho y se requerirá una vigilancia especial de los organismos de control. La próxima semana, la reunión entre el Sinae uruguayo y los intendentes definirá la asignación de recursos y la estandarización de protocolos, mientras que en ambos países andinos las nuevas administraciones enfrentarán la prueba de fuego de un Niño que no da tregua.