La crisis del sistema de salud colombiano, que marcará la agenda del próximo gobierno, es el reflejo más agudo de un malestar que recorre múltiples latitudes. En el país andino, el gasto de bolsillo de los hogares se disparó un 57,3 % entre 2022 y 2025, golpeando con especial dureza a los más pobres, cuyo desembolso creció un 63,4 %. La paradoja es amarga: mientras las aseguradoras privadas (EPS) concentran el mercado —una de ellas abarca once millones de afiliados—, las barreras de acceso empujan a los pacientes a la automedicación o a costear tratamientos por su cuenta. Analistas en Bogotá advierten que la fragmentación entre aseguramiento, prestación y suministro de medicamentos convierte la atención en un negocio donde los desacuerdos contractuales pueden dejar a dos millones de personas sin fármacos de un día para otro. La reforma pensional de 2024 amplió subsidios para adultos mayores, pero la promesa de convertir esas transferencias en derechos exigibles choca con una institucionalidad territorial débil y con impugnaciones constitucionales aún vigentes.

Desde la óptica de Accra, el envejecimiento poblacional añade otra capa de urgencia. Ghana proyecta que sus mayores de 60 años pasarán de 2,05 millones en 2020 a 6,3 millones en 2050, un salto que pone a prueba la sostenibilidad de los esquemas de pensiones. Aunque el fondo público SSNIT ha mejorado los tiempos de pago, la cobertura de los trabajadores informales sigue siendo insuficiente. Simultáneamente, un informe de UNICEF revela que el país destina apenas el 13 % del gasto público en infancia a los primeros cinco años de vida, la etapa de mayor retorno social. La inversión en protección social representa un exiguo 0,23 % del PIB, mientras la educación absorbe el 3,1 %. Reequilibrar ese presupuesto hacia la primera infancia, sostienen expertos en desarrollo africanos, podría eliminar la pobreza infantil en tres años y evitar miles de muertes prematuras.

En Washington, la asequibilidad sanitaria también muestra fisuras. Una encuesta de Gallup indica que menos de la mitad de los estadounidenses pudo costear atención de calidad en 2025, la cifra más baja desde que se mide el indicador. La expiración de subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible disparó las primas y redujo la afiliación en más de un millón de personas. Incluso hogares con ingresos superiores a 120.000 dólares anuales reportan dificultades para pagar medicamentos recetados. La administración Trump ha lanzado planes de descuento en fármacos, pero la cobertura universal efectiva sigue siendo una asignatura pendiente.

El continente africano concentra además la carga de enfermedades desatendidas como la anemia falciforme. Ocho de cada diez afectados viven en África, y más de la mitad de los niños que nacen con ella no llegan a los cinco años. La Unión Africana validó en mayo un plan continental de cribado y tratamiento, mientras la OMS publicó sus primeras guías clínicas pediátricas. Sin embargo, especialistas en Nairobi subrayan que la fragmentación entre diagnóstico, suministro de sangre segura y atención continuada sigue siendo el principal obstáculo. Iniciativas como el marco IMARA, que se lanza en Kenia y Uganda, buscan precisamente integrar esos eslabones.

En este mosaico de tensiones, la protección de los patrimonios familiares frente a deudas heredadas o propias también emerge como inquietud transversal. En Estados Unidos, las cuentas de jubilación gozan de amplia protección en quiebras, pero las deudas conjuntas o las herencias con obligaciones fiscales impagas pueden desencadenar embargos del IRS. La lección compartida desde Bogotá, Accra y Washington es que los sistemas de protección —sanitarios, previsionales y de cuidado— no se sostienen con parches presupuestarios. Requieren una arquitectura que integre prevención, financiamiento progresivo y capacidad estatal real, antes de que la demografía y la desigualdad conviertan las crisis actuales en fracturas irreversibles.